De la ‘manifa’ al juzgado

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

No hace falta una ley mordaza para perseguir en los juzgados a los participantes en una manifestación o en una protesta ciudadana. Hoy día hay hasta tres procesos abiertos en Canarias contra participantes en lo que arrancó en una jornada reivindicativa y acaba en la pesadilla de enfrentarse a duras penas, ya sean privativas de libertad o multas de considerable cuantía.

El taxista, al Constitucional

Es el caso menos conocido de los tres pero es el que más recorrido judicial tiene. Fue en julio de 2012 cuando, en el transcurso de una manifestación autorizada, se sancionó al tesorero accidental de la Asociación de Taxistas Asalariados de Costa Adeje (ATACA), Juan Manuel Trujillo, por una supuesta infracción a las ordenanzas municipales sobre ruidos y vibraciones a cuenta del uso de un megáfono durante la protesta. El juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Uno de Santa Cruz de Tenerife condenó al taxista a pagar una multa de 6.010 euros más costas, para un total de 6.615’10 euros. Ahora, ATACA ha pedido la suspensión de la multa tras presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alegan que el sonómetro utilizado no expedía el preceptivo recibo y que la prueba aportada es una anotación a mano con un rotulador, pero que el juez hizo prevalecer la palabra del policía local.

Bomberos, tiempo ha

El caso más antiguo. Fue en diciembre de 2005 cuando 43 bomberos, 38 de Tenerife y cinco de Gran Canaria, salieron de su cuartel de Tomé Cano y llegaron hasta la sede del Cabildo, cuya entrada ocuparon durante horas en las que lanzaron petardos e hicieron sonar bocinas. Ayer se celebró la segunda sesión del juicio a los 42 trabajadores (uno de ello falleció). Prácticamente, todos han declarado ya. La Fiscalía solicita seis meses de prisión por desórdenes públicos que el Consorcio eleva a 18 al entender como agravante el uso de algunos cascos y del uniforme oficial. Hubo una oferta para igualar la solicitud de pena del Consorcio con la del Ministerio Público, pero los bomberos defienden su inocencia absoluta respecto a los referidos incidentes. Decidirá el Juzgado de lo Penal Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

Cuatro años para Guacimara

La mayor pena de los tres casos. Ayer tenía que haber empezado el juicio contra Guacimara Vera, una estudiante de Gran Canaria, a cuenta de un supuesto delito de atentado contra la autoridad, pero la acusación particular pide ahora que también sea condenada por un presunto delito de lesiones. En total, la estudiante se enfrenta a una solicitud de hasta cuatro años de prisión. Ella defiende su inocencia y asegura que no sólo no lesionó a ningún policía sino que además fue agredida por los agentes de la autoridad. Los hechos tuvieron lugar durante una protesta estudiantil de 2012 frente al Rectorado de la Universidad de Las Palmas.