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Los sindicatos CC.OO. y UGT fuerzan una reunión con Luengo

   

Francisca Luengo

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El primer paso hacia el entendimiento es el acercamiento. Los dirigentes de los dos sindicatos más representativos de Canarias estaban pendientes de la reunión que la consejera de Empleo, Paquita Luengo, les prometió como regalo de Reyes. Este periódico ha averiguado que la cita está convocada para esta mañana en Gran Canaria. No están invitados los empresarios. Es una deferencia con CC.OO. y la UGT ante las reiteradas quejas por la parálisis de la sexta concertación, que arrancó en marzo de 2014.

La reciente aprobación de la Ley de Participación Institucional supone un “avance normativo”, pero las centrales urgen su desarrollo reglamentario para que funcione. “Se precisa algo más que una declaración de principios”, resalta Antonio Pérez, coordinador de la dirección provisional de Comisiones Obreras en el Archipiélago. “Los efectos prácticos están por ver”, coincide el líder regional de la Unión General de Trabajadores, Gustavo Santana. No pierden la esperanza y van a insistir.

Desde el punto de vista sindical, “la miopía gubernamental impide contemplar el horizonte con la nitidez que exige la situación”. Tanto Pérez como Santana lamentan que los presupuestos autonómicos de 2015 no recojan ni una de las propuestas de estas organizaciones, agrupadas en el empleo y la protección social. Habían planteado, por ejemplo, la implantación de una prestación que cubriera las necesidades de las familias sin ingresos pero que no reciben la PCI, el paraguas de la exclusión social. “Ni siquiera dialogamos”, critica el dirigente de CC.OO.

Las demandas que están sobre la mesa son el menú de lo que debería ser “la mejora de la calidad de vida de la gente”. En eso, creen que la voluntad del Ejecutivo está guardada en la nevera. De lo que se trata ahora es de descongelar la “responsabilidad social” de la Administración. “O se pone manos a la obra o nos parece que el convenio no tiene mucho sentido”, advierten.

En el balance de la octava legislatura, CC.OO. y UGT dibujan un escenario de arenas movedizas. “Los principales problemas no se han abordado de una manera decidida”, resume Pérez. Su descontento lo ilustra con la negativa a regular el control de las horas extras, lo que, según sus cálculos, se traduciría en 17.000 nuevos puestos de trabajo “decentes” a jornada completa.
“Si esto no da un giro”, avisa Santana, “no descartamos adoptar ningún tipo de medida de presión antes de las elecciones” del 24 de mayo.