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Canarias no aplicará la reforma de los grados hasta el curso 2017/2018

   
José Miguel Pérez y Eduardo Doménech, en contra de la reforma. / DA

José Miguel Pérez y Eduardo Doménech, en contra de la reforma. / DA

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Como era previsible después de los pronunciamientos y manifestaciones previas de unos y otros, Canarias se sumará a otras comunidades autónomas, como Andalucía y Cataluña, y aplazará hasta el curso 2017-18 la reordenación de las enseñanzas universitarias que permite a los centros reducir los grados a tres años y ampliar los másteres a dos.

Así lo consensuaron ayer en una reunión extraordinaria del Consejo Universitario de Canarias el consejero regional de Educación, José Miguel Pérez, y los dos rectores de las instituciones académicas del Archipiélago, José Regidor (ULPGC) y Eduardo Doménech (ULL).

Tanto el consejero y vicepresidente del Gobierno canario como los rectores coincidieron en que esta reordenación es “inoportuna” y supondrá un importante sobrecoste para los estudiantes, al tiempo que consideraron necesario evaluar si obedece o no a criterios de calidad.

Al igual que decidieron los máximos responsables de las entidades académicas en la última Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el Archipiélago también habrá una moratoria de al menos dos años para la aplicación de esta reforma, que según afirmó José Miguel Pérez “pone patas arriba el mapa de titulaciones en España, sobre todo si no se opera con prudencia y sentido común”. En su opinión, “hay que hacerle caso a la CRUE y aplazar la entrada en vigor de sus efectos hasta que se analice con todo rigor los resultados del actual sistema y las consecuencias que pueda haber en cada lugar”. El consejero regional de Educación insistió en que “no es aconsejable que el mapa de las titulaciones españolas se convierta en un mosaico sin sentido”, con duraciones diferentes según cada universidad.

Para el también vicepresidente del Ejecutivo regional y secretario federal de Educación del PSOE, con esta iniciativa, “el ministro Wert ha vuelto a crear un problema donde no lo había”. En la misma línea se manifestó el rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech, quien quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria canaria y dejó claro que el sistema tiene que ser “lo más uniforme posible”, porque, según él, “no pueda ser que una autonomía diga a y otra b”.

Eduardo Doménech recordó que la reforma de los grados implicará que los estudiantes que hagan un máster “tendrán que pagar 2.000 o 3.000 euros más”. “Entendemos que hay que dar garantías a los actuales egresados del futuro valor de sus títulos”, denotó Eduardo Doménech, que alertó de que “puede significar la ruptura del sistema universitario español porque la movilidad de los estudiantes quedaría completamente fragmentada”.

Una afirmación que suscribió el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, quien manifestó que “aunque haya universidades que quieren ir al 3+2 (tres años de grado y dos de máster) por entender que así ganarán más dinero, el debate debe sustentarse sobre la calidad del cambio que se plantea”. “Se trata de una reforma inoportuna y que debemos estudiar con detalle para minimizar sus efectos”.

Sin incremento del gasto público

- La flexibilización de grados universitarios, que permitirá a las universidades crear grados de tres años y máster de dos años, entró en vigor el pasado miércoles y no podrá suponer incremento de gasto público. Así consta en el Real Decreto que modifica otros dos decretos sobre enseñanzas universitarias oficiales y enseñanzas oficiales de doctorado, publicado en el BOE y que es de aplicación al día siguiente de su publicación. De este modo, la entrada en vigor permitirá a las universidades aplicar voluntariamente este nuevo modelo a partir del curso 2015-2016.

- La norma, aprobada el 30 de enero por el Gobierno, contempla una disposición única titulada No incremento del gasto público que establece que las medidas incluidas en la misma “no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal”. Así, mientras que la anterior regulación de las titulaciones universitarias establecía como norma general que los grados debían tener 240 créditos y los máster oficiales 60, la nueva normativa posibilita reducir la carga lectiva de los grados, siempre y cuando los créditos destinados a “formación básica” supongan al menos el 25% del programa de estudios.