El centro de Valle Tabares se queda sin menores en régimen cerrado

El fiscal de Menores, Manuel Campos pasó ayer por los micrófonos de Teide Radio. | FRAN PALLERO

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Creado hace más de dos décadas como centro de internamiento para menores delincuentes, Valle Tabares se ha ido adaptando en los últimos años a la nueva realidad judicial establecida para los niños y adolescentes problemáticos. Con el tiempo, el esfuerzo de los diferentes actores implicados en esta tarea, ha dado sus frutos, como confirma el fiscal delegado de Menores de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos, quien asegura que a día de hoy no hay ningún menor en régimen de internamiento cerrado en la instalación lagunera.

En declaraciones al programa El Balcón de Teide Radio, Campos manifestó que actualmente sólo hay 46 jóvenes privados de libertad en la provincia tinerfeña, de los cuales 20 son menores de edad. El resto ya son mayores, aunque cometieron los delitos cuando eran menores. “Los índices de delincuencia juvenil han bajado un 10% los últimos tres años, fundamentalmente por la labor que realizan los profesionales y el trabajo estable que se realiza desde hace años en el Archipiélago”, recalcó Manuel Campos, quien aseguró que “Canarias está por debajo de la media estatal de menores con medidas judiciales”.

El fiscal de Menores de Santa Cruz de Tenerife insistió en que esta tendencia a la baja es “permanente y constante” desde hace al menos cinco años, merced, entre otras razones, a la creación en 2009 de un segundo Juzgado de Menores, que contribuye a la mayor celeridad en el enjuiciamiento de los casos (el tiempo que discurre entre el hecho y el juicio se ha reducido). “También ha ayudado mucho la estabilidad en las plantillas de jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y miembros de los equipos técnicos, así como la mejor dotación policial específica”, como las unidades creadas por varios municipios de la Isla. Además, “hay muy buena coordinación con los servicios sociales municipales, la Unidad de Infancia del Cabildo y la Dirección General del Menor”, recalcó Manuel Campos.

El responsable judicial aclaró que, junto a la ley penal del menor, existe una Ley de Protección del Menor, merced a la cual 325 menores de la provincia están acogidos en estos momentos en distintos centros y recursos regionales, la mayoría de los cuales proceden de familias en situación de exclusión social.

Maltrato a los padres
Es precisamente en este ámbito, el familiar, donde Manuel Campos observa más conflictos ahora. “Han aumentado los casos de malos tratos de menores hacia sus padres en relación a los años anteriores”, delitos en el seno del hogar que según Campos “siempre han existido pero que ahora se producen al revés, en el sentido de que son los menores frustrados por una sociedad de consumo que no les da todo lo que quieren, los que se rebelan y muestran comportamientos violentos hacia sus progenitores”. El fiscal subrayó que, paradójicamente, “llama mucho la atención que un alto porcentaje de casos de violencia se da en familias de clases media y alta, en padres que se preocupan más de ellos mismos que de sus hijos; y también en matrimonios con problemas o en trámites de separación y divorcio, donde los hijos se convierten en dictadores que lo único que quieren es sacar la mayor tajada posible de cada uno de sus progenitores, que a su vez les consienten todo”.

Campos recordó que “la Fiscalía tiene la potestad del control y orienta la política criminal hacia donde sea necesario. El trabajo rápido y la actuación precoz es fundamental, porque la Ley del Menor es buena y se ha ido mejorando en los últimos años”, dijo.