La patronal eólica celebra el nuevo sistema, pero teme la burocracia

La instalación de parques eólicos, paralizada desde los años 90. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La patronal de las energías renovables aplaudió ayer la sustitución, por parte del Gobierno canario, del método de concurso público por el de autorización administrativa para la instalación de nuevos parques eólicos en Canarias, aunque expresó su temor a que persistan trabas burocráticas en aspectos de ordenación territorial o evaluación de impacto ambiental, pese a una nueva ley en estas materias para simplificar trámites.

Así lo afirmó ayer el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero, que el pasado lunes se reunió, junto a dirigentes de otras asociaciones empresariales del sector, con responsables de la Consejería de Industria, entre ellos la consejera, Francisca Luengo, para abordar el nuevo sistema de autorización, desarrollado en un decreto aún no en vigor pero que se publicará en los próximos días.

“Aplaudimos esta medida porque la veníamos pidiendo desde hace tiempo, y rectificar es de sabios, pues los concursos se judicializaron y no se ha podido instalar potencia eólica desde la década de los noventa, salvo 5 megavatios en I+d+I en Gran Canaria y 11 del proyecto Gorona del Viento, en El Hierro”, explicó Rodríguez de Azero.

No obstante, los inversores en energía eólica consideran que sigue habiendo “una problemática que las Administraciones públicas deberán resolver, en cuanto a política territorial e impacto ambiental, y todo lo referido a los plazos de tramitación, y ahí esperamos que la Administración esté a la altura y consigamos de una vez incorporar a la red en Canarias energía limpia, responsable, respetuosa con el medio ambiente y que solo aporta ventajas a la economía canaria, pues mejora la balanza comercial, reduce la contaminación, y además beneficia a la buena imagen del Archipiélago para los turistas que nos visitan”. Además, subrayó, producir con energía convencional tiene en Canarias un sobrecoste anual de 1.400 millones de euros, que aportan las arcas estatales, pese a que generar electricidad con las renovables ahorraría cientos de millones al erario público.

Precisamente, una ley de la que el Gobierno canario presume como removedora de trabas administrativas, la de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos naturales, no acaba de colmar las expectativas de esta patronal. “No tenemos claro que esta nueva normativa sea la que agilice de forma definitiva la implantación de la eólica en Canarias”. En concreto, Rodríguez de Azero puso el foco en los llamados planes de actuación territorial (PAT), que a partir de ahora tramitarán los cabildos, independientemente de su dimensión. “Parece ser que los proyectos de parques eólicos serían considerados PAT directamente y deben ser aprobados por los plenos de los cabildos, pero entendemos que no debería ser así, sino que se obtuviera una calificación territorial y que lo resolvieran los técnicos, pues de lo contrario se politizan estos trámites, y eso es un disparate”, se quejó el presidente de ACER.

En todo caso, el representante de esta asociación cree que, tras el fiasco de los concursos, el Gobierno canario camina ya por “el camino correcto, aunque no se resuelvan todos los problemas”. Y para aprovechar esta senda, avanzó que sería oportuno convocar una mesa de trabajo en la que los empresarios del sector y las Administraciones Públicas “busquen ya el camino claro” para un avance definitivo de las energías alternativas en las Islas.
“Cuando conozcamos al detalle el contenido del decreto, que aún no está publicado, los inversores podremos valorar el alcance de la valentía del Gobierno canario, si al final ha sido más o menos ambicioso”, apostilló Rodríguez de Azero.