La transparencia se hace visible

Más participación y transparencia para fortalecer la democracia. / SERGIO MÉNDEZ

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

A punto de soplar la vela del primer mes de vida de la ley canaria de transparencia, el Gobierno regional celebra su efecto sobre la salud democrática. Y, aunque aún es pronto para certificar la recuperación de la confianza de la sociedad, el diagnóstico es prometedor. El director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud lo ve como un estímulo. “Un antídoto contra las ronchas de la corrupción”, resalta.

Allá por junio de 2013, Teófilo González asumió “el reto de generar una herramienta jurídica en manos de la ciudadanía para exigir que los políticos rindieran cuentas”. Entonces se planteó “si se hacía con los ciudadanos o en los despachos, que son dos formas de elaborar una ley”. Mediante el método tradicional, explica, “coges a dos o tres juristas, haces una ley, consultas a los ciudadanos para cubrir el expediente y la continúas tramitando”. El otro modelo consiste en formar una montaña a partir de un grano de arena. “Esa es la gran novedad. Con ayuda de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana [promulgada en la anterior legislatura], brindamos la oportunidad a la población de construir en común un edificio con cristaleras en el que cabemos todos”.

Tras tomar el relevo de Pedro Ramos, el alto cargo de la Consejería de Presidencia emprendió un largo camino al que todavía le queda recorrido. “La verdad es que, cuando empezamos con aquella metodología pionera y vanguardista en Canarias de ir por las islas invitando a todos los ciudadanos a que nos aportasen ideas, sugerencias, opiniones acerca de una serie de preguntas que nosotros hacíamos, no imaginaba tal nivel de implicación”. Después de 23 foros entre el 3 de junio y finales de octubre se recogieron 2.598 aportaciones por escrito a cuatro cuestiones. De ese contenido, cuatro expertos extrajeron las 71 tendencias que sirvieron de base para el primer borrador del cuerpo de la ley. El documento lo aprobó el Consejo de Gobierno el 26 de junio de 2014, luego pasó al Consultivo y, el 10 de diciembre, el Parlamento la sacó adelante por unanimidad.

González reconoce que no era excesivamente optimista. “El consejero nuestro, Francisco Hernández Spínola, tuvo una gran habilidad y una gran capacidad de diálogo para negociar y conseguir el respaldo del PP y NC. Entre otras cesiones en aras del acuerdo, hubo que renunciar al criterio de que el Diputado del Común ejerciera la vigilancia de la aplicación de la normativa. Finalmente, los grupos nacionalista y socialista aceptaron que esa función la realice un comisionado elegido por la Cámara. Posteriormente, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el texto el 9 de enero de 2015. Entraría en vigor al día siguiente, excepto el Título II (referente a la publicidad de la información).

Alumbrada en diciembre de 2013, la norma básica dejaba un margen a las comunidades autónomas hasta el 10 de diciembre de 2015 para su adaptación. Canarias se adelantó un año y el portal se inauguró cinco meses antes que el de ámbito nacional. Está activo desde julio de 2014.

Esta ley tiene dos pilares fundamentales: la regulación del derecho a la información de los ciudadanos y el acceso a datos sin necesidad de rellenar un formulario de solicitud. Un registro centralizado en la Dirección General de Participación coordinará las peticiones que lleguen a las consejerías correspondientes.

De la responsabilidad depende que la voluntad se haga realidad.

Los detalles

-Antecedentes. El Pleno del Congreso aprobó el 28 de noviembre de 2013 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, cuya tramitación parlamentaria duró 14 meses y que no se desplegará completamente hasta 2016. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 10 de diciembre de 2013, se consumó la parte relativa al “buen gobierno”, que obliga a los cargos públicos. Tanto la Administración General del Estado como las entidades privadas a las que afecta contarían con un periodo de 12 meses de carencia.

-El portal. Al mediodía del 10 de diciembre de 2014, el portal de la transparencia se puso en marcha con más de 530.000 registros accesibles de información sobre estructura de la Administración General del Estado, sueldos de altos cargos, catálogo de bienes inmuebles, contratos, subvenciones o convenios relativos a ese año. El específico de Canarias se abrió en julio, cinco meses antes.

-Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la ley canaria de Transparencia y Acceso a la Información Pública serán de aplicación al sector público de la Comunidad Autónoma, el Parlamento, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades públicas, asociaciones, partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones.

-Régimen sancionador.
Cuando, durante dos años, un cargo público incumpla más de tres veces con su deber podrá ser destituido.