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Alaya acusa a la Junta de crear “una red de clientelismo político”

   

EUROPA PRESS | Sevilla / Cádiz

La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía creó “una red de clientelismo político” a través de la formación, según expone en los autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Barrado por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían “órdenes” a las delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero” destinado a la formación, “creando de esta forma una red de clientelismo político”.

La juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros ocho detenidos que han comparecido en sede judicial; la última de ellas, la hasta el martes delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, que se negó a declarar y que quedó en libertad con cargos después de que la magistrada le haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

También está en libertad con cargos la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado defendió su “absoluta inocencia”; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros. Estas tres detenidas también se acogieron a su derecho a no declarar.

En las horas previas, de madrugada, la instructora había dejó en libertad con cargos a las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

La secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, califica “exageración” desde el punto de vista del procedimiento judicial e “innecesaria” la detención, el martes de los exdelegados de Empleo y Educación.