X
tribuna >

Una atención social para todos – Por Aurelio Abreu Expósito

   

Pocas cosas son más importantes para una persona que se dedica a la política que garantizar el bienestar social y la atención a las personas en situación de dependencia. Por eso, esta labor ha sido una prioridad para los socialistas tinerfeños durante los últimos cuatro años y lo hemos hecho facilitando recursos para la atención a los más vulnerables en el momento en el que menos apoyo recibimos del Gobierno central. No es un logro, es nuestra obligación, como también lo es aumentar los servicios para que nadie en esta situación se sienta desprotegido y desamparado.

Con este compromiso, hemos impulsado en los últimos meses la puesta en marcha del Anillo Insular de Políticas Sociales, que en los primeros cinco meses de funcionamiento ya ha atendido a más de 800 personas de la mayor parte de las comarcas y municipios de Tenerife, a través de la ayuda de 15 entidades sociales que prestan atención a las personas dependientes con alzhéimer, párkinson, hemofilia y otras enfermedades degenerativas, independientemente del lugar donde residan. Desde el Instituto de Atención Sociosanitaria y desde el Anillo Insular de Políticas Sociales aportamos a diario más de 200.000 euros para la atención a la Dependencia y hemos invertido más de un millón de euros en este Anillo Insular de Políticas Sociales, para acercar los servicios sociales especializados a todas las comarcas. Desde el IASS, además, se atiende a más de 4.000 personas dependientes en la actualidad, a las que se suman las 500 personas que se benefician de los servicios del Anillo Insular.

Pero los socialistas tinerfeños consideramos que es necesario que todas las instituciones, incluido el Gobierno de Canarias, hagamos un esfuerzo aún mayor en este asunto para que ninguna persona dependiente se quede sin atención.

Según datos de la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales de España, en nuestro país existen más de 1,2 millones de personas dictaminadas como dependientes, de las cuales se han reconocido con derecho a atención a 900.000. Pero lo más preocupante es que no están atendidas más de 175.000 personas, y a partir del próximo 1 de julio habrá más de 300.000 personas que pierdan también este derecho. Si sumamos, nos encontramos con más de 500.000 personas y sus familias que no van a tener apoyo. Y mientras, el PP echa una cortina de humo para no hablar de esta cifra, alegando que se han reducido las listas de espera en atención a la dependencia. Ante esta situación, no nos ha quedado más remedio a las entidades locales que asumir las obligaciones con las personas dependientes y sus familias y cubrir como hemos podido, a pesar de las dificultades económicas, servicios que correspondían al Gobierno central. A pesar de que la Ley de Dependencia fue uno de los mayores logros sociales de nuestro país en los últimos tres lustros, impulsado por un Gobierno socialista, a día de hoy, el PP se ha encargado de dejarlo casi agonizando, con continuos hachazos y recortes en su financiación que han dejado a los dependientes y sus familias sin apenas cobertura en atención sociosanitaria. El Partido Popular está dejando morir esta Ley por pura inanición, mientras que miles de personas se van a quedar sin ser atendidas por una Ley que por fin venía a reconocer sus derechos. Durante estos últimos cuatro años, desde el PSOE en el Cabildo de Tenerife hemos denunciado estos continuos recortes en atención a la dependencia por parte del Estado y sus consecuencias para nuestros dependientes.

El primer recorte del Gobierno central llegó con un Real Decreto para suprimir derechos, y pospuso el pago de las ayudas a los dependientes con grado de discapacidad moderado para este año 2015. El segundo mazazo consistió en suprimir el nivel acordado de financiación, que supuso un recorte económico de 285 millones de euros. Y el tercero fue el Real Decreto de julio de 2012, que supuso prácticamente la derogación encubierta de la ley, modificando 14 artículos y reduciendo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares.

Pero la decisión más sangrante se produjo cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Una decisión especialmente grave si tenemos en cuenta que el 54% de las personas dependientes tiene más de 80 años.

Los socialistas tinerfeños, desde el Cabildo insular, estamos realizando un gran esfuerzo en este tema, y por eso hemos puesto en marcha servicios en toda la Isla para atender a las personas dependientes y a las familias. Es nuestro compromiso con los ciudadanos de Tenerife.

*Vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Bienestar, Dependencia y Sanidad