Cumplir con el déficit para proteger el bienestar – Por Javier González Ortiz

“Grecia no volverá a caer en el pecado del déficit. Nunca, nunca, nunca”. Son palabras de su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, a pocos días de su nombramiento. La confesión de un pecado que ha llevado a los helenos a una deuda insostenible del 175% de su PIB arrastrando con ella el empleo, el tejido productivo y los servicios esenciales para dar paso al empobrecimiento, a la pérdida de derechos y a una inmensa hipoteca futura.

Déficit acumulado y deuda sin mesura como cóctel explosivo en todas las economías. También en la doméstica. Todos, sin excepción, somos capaces de fijar nuestra particular cifra, aquella que limita la línea roja, para afrontar la devolución de préstamos sin poner en riesgo las necesidades básicas.

Porque cuanto más nos endeudamos, más fondos destinamos al pago de intereses, menos recursos disponemos para nuestra vida diaria y más débil será nuestra capacidad de decisión, tanto presente como futura, sobre el escaso y cautivo dinero disponible.

Muy distinto a Canarias, aunque obligada a endeudarse para preservar el núcleo de los servicios públicos esenciales haciendo frente a un largo periodo de crisis y a un perverso sistema de financiación estatal que nos resta 800 millones anuales para sostener la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Sin embargo, aun con la losa de una financiación insuficiente que nos drena recursos por todas las vías, cumplimos con los límites de déficit y deuda no sin grandes esfuerzos, con un férreo control del gasto público y continuas medidas de ahorro en todas y cada una de las partidas del presupuesto. Priorizando, siendo más eficientes y con el esfuerzo de todos. Lo hacemos por imperativo legal tras superar amenazas de intervención por parte de un Gobierno central que no ha hecho otra cosa que intentar ahogarnos. Y también lo hacemos por convicción. Al igual que en la economía doméstica no debemos arriesgar nuestras necesidades básicas y, sobre todo, no debemos anular nuestra capacidad de decisión. La de ahora y la de generaciones futuras.

Situaciones que arrastrarían a Canarias aquellos populistas que, en nombre del Estado del bienestar, pregonan barra libre porque, dicen, de nada sirve cumplir con el déficit y contener la deuda pública. Teorías que ocultan la obligación constitucional y prioritaria del pago financiero y que esconden no sólo ejemplos como Grecia sino lo que sucede más cerca, en otras comunidades autónomas.
Solvencia y ahorro de intereses

Son precisamente las incumplidoras y las más endeudadas las que más han recortado el bienestar. Obligadas a destinar ingentes cantidades al pago de intereses de deudas que superan el 35% del PIB, frente al 14% de Canarias, recortan prestaciones; acometen despidos públicos masivos; eliminan las becas de estudio; o dilatan el pago de sus facturas.

Por el contrario, en las Islas, aunque con las máximas dificultades, el cumplimiento inyecta recursos a los servicios esenciales, rebaja impuestos a los que menos tienen y abona en plazo el pago a los proveedores, entre otros aspectos.

Canarias no está en ese peligroso bucle de más déficit, más endeudamiento, con línea directa al caos. Respetamos los objetivos de estabilidad porque nos da credibilidad en la gestión y solvencia en los mercados que, a su vez, nos ofrece créditos más baratos, lo que produce un sustancial ahorro de intereses que libera recursos para trasladarlos al presupuesto social.

Como también el cumplimiento nos permite acceder a un nuevo mecanismo estatal de financiación, el Fondo de Facilidad Financiera, reservado únicamente a las comunidades autónomas cumplidoras. Más ahorros financieros que, aunque no estemos de acuerdo con una fórmula que supone un reparto de fondos por la puerta de atrás, nos acogemos a ella para que Canarias pueda inyectar más recursos allí donde más se necesitan.

Lejos de cantos de sirenas, son hechos constatables. En los presupuestos de la CAC de 2015, el Gobierno de Canarias ya logró disminuir en 136 millones de euros, un 48%, el pago de intereses para destinarlos a reforzar las prestaciones esenciales. Es decir, la contención del déficit y de la deuda nos ha permitido aumentar en un 2,5% el peso del gasto social.

A los que se suman ahora otros 31,6 millones que, fruto de más ahorros en el coste financiero, se trasladan a sanidad, educación, servicios sociales, fomento del empleo, carreteras y apoyo al sector agrícola y ganadero.

Siempre, en todos los casos, todo es mejorable. Pero la realidad objetiva muestra que con menos recursos hemos priorizado, gestionando de forma más eficiente los fondos disponibles. Con un difícil equilibrio: mantener las prestaciones sin acudir a la vía fácil, a la deuda sin medida; un corto y dañino recorrido.

Y lo hacemos por haber cumplido. Por el rigor y control en el gasto. Por la solvencia. El único camino que nos lleva a unas cuentas saneadas, con una deuda contenida que nos aleja del pecado del déficit. Ahora y también en el futuro.

*CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS