El estatuto de la vergüenza – Por Francisco Chavanel

Una legislatura tan llena de nada como ésta no podía terminar de otra forma. Los enfrentamientos empecinados entre los gobiernos de Madrid y Canarias -los ombligos de dos caudillos tan repletos de vida como de sed de venganza- nos ha llevado a otra frustración más: un estatuto de autonomía aprobado únicamente con los votos de CC y PSOE, y con los contrarios de la oposición, PP y NC. Todo esto parecería normal si no estuviéramos hablando de un documento que nos separa de la plataforma continental al ritmo de 800 millones de euros al año. El estatuto nace muerto, el PP lo destrozará en el Parlamento central, zombie, como acertadamente lo definió Román Rodríguez en la semana que más se ha entregado a la intriga contra los clavijistas en pos de laminar CC, y con radar detectable entregado en sus manos por los riveristas.

Legislatura a legislatura las oportunidades se tiran por la borda. La mejor la tuvo Canarias en la época en la que Zapatero le regalaba a las autonomías un techo reivindicativo hasta el momento desconocido. Fue otro error, aquel cometido por Adán Martín (2006) y los socialistas que sustituyeron a Soria en el Ejecutivo.

Pelearon por la ley electoral y todo se fue al traste, ante la ceguera de Martín de no abrir un melón que supuestamente les daba una mayoría relativa en las Islas. Mientras el resto de las comunidades españolas aprovechó la estupidez de Zapatero, Canarias retiró aquel estatuto de máximos y empezamos a perder 800 millones al año: ya vamos por unos 6.000 millones. Que Dios bendiga la ignorancia pues ella nos hará libres.

Esa es la raíz de sufrir la peor dotación presupuestaria de España. Pecado mortal de CC, del PSOE y del PP, de sus tres incapacidades y de su triple falta de generosidad y respeto a los intereses públicos. Cuando vemos el hacinamiento de las urgencias de los hospitales, el deterioro progresivo de la enseñanza, la muerte lenta de nuestras universidades, la escasa atención a los que se quedan inevitablemente en la cuneta, acordémonos de que hay una responsabilidad política que retrata el tipo de convivencia a la que nos condicionan.

Lo peor del caso es que al presente estatuto se le puede dar por bueno. Contiene, entre otras, competencias en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, además del control de los aeropuertos que ahora nos vendría de perlas para devolverle la afrenta a Aena, y a los intentos del Gobierno central de ningunear al ciudadano canario en el área básica de las comunicaciones.

Y también contiene una ley electoral asumible. Bajada de los topes a la mitad y la posibilidad de una lista regional, lo que sería un gran paso para confeccionar de una vez por todas algo parecido a una comunidad sin insularismos. Y la opción de adelantar elecciones en caso de que un gobierno quede en minoría. En fin, no se puede sacar algo bendito del árbol de donde nacen los torpes.