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Facua denuncia a Movistar, Vodafone y Phone House por cláusulas “abusivas” en sus seguros a móviles

   

EUROPA PRESS | Madrid

MOVISTAR VODAFONE PHONE HOUSE

Facua ha denunciado ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), la Dirección General de Seguros y las autoridades de consumo de diferentes comunidades autónomas a Vodafone, Movistar y Phone House por incluir cláusulas “abusivas” en sus seguros a móviles nuevos.

De acuerdo con la asociación, las tres empresas limitan a 24 o 48 horas el tiempo del que dispone el asegurado para denunciar un robo o hurto del terminal, algo que va contra la Ley de Contrato de Seguro y que además es “abusivo” de acuerdo a la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

Las tres empresas denunciadas se “niegan” a entregar terminales nuevos a aquellos usuarios que denuncian el robo de su teléfono móvil fuera de este plazo temporal, ha indicado la asociación. En concreto, para poder reclamar el importe de un terminal tras un robo Movistar fija el plazo máximo para presentar una denuncia en 24 horas, mientras que este plazo es de 48 horas en el caso de Vodafone y Phone House.

Asimismo, Facua ha instado a los afectados a que presenten denuncias contra las compañías para “exigir sus derechos”. “La asociación tiene expedientes abiertos en defensa de víctimas de estas prácticas ilegales”, ha añadido.

La asociación ha indicado que esta práctica vulnera el artículo 16 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el que se establece que “el tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio”.

Además, el artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge en su apartado 1 como abusivas “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”, ha añadido Facua.