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La Fiscalía pide anular la escuchas de un mes al no avalarlas un auto

   
Clavijo, tras los cristales de la puerta principal de los Jugados laguneros, el día en que declaró. | S. M.

Clavijo, tras los cristales de la puerta principal de los Jugados laguneros, el día en que declaró. | S. M.

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se anulen las escuchas policiales de uno de los nueve meses que duró la intervención de las conversaciones telefónicas de los imputados en el caso Corredor, debido a la inexistencia de auto judicial que las prorrogara en ese periodo.

Esta postura de la fiscal, María Farnés, podría suponer que decayeran imputaciones que ahora pesan sobre el alcalde de La Laguna y candidato de CC a presidir el Gobierno canario, Fernando Clavijo. No obstante, otros cargos contra él se mantendrían vivos por otras pruebas documentales, así como el caso del presunto fraude con las ayudas al realojo de afectados por aluminosis de Las Chumberas.

La noticia sobre este informe de la Fiscalía la publicó ayer Canariasahora.com, que dio por hecho que Clavijo quedaría ya sin imputaciones; sin embargo, los letrados de la defensa y el propio entorno de Clavijo optaron por la prudencia hasta no conocer el contenido del documento, que no se les notificará hasta el lunes. El portavoz de la defensa, Carlos Álvarez, explicó que la nulidad de las escuchas abarcaría desde el 17 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2010. “La prórroga de ese mes debe ser declarada nula, porque no hay auto que las ampare, en cuyo caso decaerían una imputación a Clavijo y al presidente de la FAV Aguere, Francisco Barreto”.

Llegados a este punto, será la nueva juez la que tomará la decisión, tras tener que apartarse del caso su hasta ahora instructor, César Romero Pamparacuatro, debido a la admisión a trámite, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de una querella contra él presentada por el principal acusado, el empresario del ocio y abogado Evaristo González. Sobre el alcalde de La Laguna pesan las imputaciones de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos .