Funcionarios con la pata quebrada

Los funcionarios pueden elegir entre Muface y la Seguridad Social. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Tal como está el patio, a los funcionarios se les cae el techo encima cuando les echan en cara el supuesto “privilegio” del que disfrutan estos trabajadores de la Administración. Entre tantos ajustes y escarnio público, se lo toman como un sacrilegio. Una herida sangrante es la de la asistencia sanitaria. Aunque al inicio de cada año pueden pasarse a la Seguridad Social, en su mayoría están con Muface, organismo adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas. Antes solo había mutuas. Luego se unieron para crear Muface. “El problema es que ese fondo común se ha ido consumiendo y el Gobierno no aporta toda la cantidad convenida”, explica Ana Gutiérrez, de CSI.F-Tenerife.

“El señor [Cristóbal] Montoro lleva tres años sin dar a Muface el correspondiente porcentaje destinado a cubrir la acción social de los funcionarios”, denuncia la sindicalista. “La enfermedad se agrava desde el momento en que las aseguradoras colaboradoras tampoco cumplen”.

Ante “las diferentes informaciones aparecidas en los últimos días sobre una eventual situación de desprotección de los mutualistas en situación de enfermedad”, Muface puntualiza: “La prestación de asistencia sanitaria se proporciona bien por los servicios públicos de salud o por cualquiera de las entidades de seguro concertadas, que para 2015 son, al igual que en 2014, Adeslas, Aisa, DKV e Igualatorio Médico Quirúrgico de Cantabria, a libre elección de los mutualistas. El convenio obliga a estas entidades a poner a disposición del colectivo todos los medios asistenciales precisos para cumplir con las obligaciones descritas anteriormente, con los mismos requisitos de accesibilidad”.

En una sentencia de cura intensiva, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) urge el ingreso de un beneficiario de Muface en una unidad hospitalaria especializada en neurorrehabilitación, que no existe actualmente en las Islas. De sufragar los gastos derivados del traslado, la estancia y el tratamiento debe ocuparse Adeslas.
El pleito resuelto por el bufete de Santa Cruz Abogadas Tenerife (Abogadastfe) perseguía la “protección de un derecho fundamental como es el de la vida e integridad física del demandante, que se pone en peligro por el notable retraso en recibir la atención sanitaria adecuada”.

Después de su alta hospitalaria tras la fase aguda del accidente laboral, al paciente se le facilitó una rehabilitación domiciliaria y posteriormente fue tratado en un centro general. No conforme con ello, la familia reclamó una segunda opinión médica. Los informes periciales se rechazaron y el TSJC ha recetado un remedio.