El gerente de Urbanismo y Abreu niegan pactos con el Cuadrilátero

Javier Abreu y Domingo Galván. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Cinco testigos del caso Corredor desfilaron ayer ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna. Entre ellos, el gerente de Urbanismo lagunero, Severiano Roberto Remiro, y el primer teniente de alcalde de este municipio, Javier Abreu (PSOE), quienes, según fuentes del caso, negaron tener relación con el principal empresario imputado, Evaristo González, “más allá de un hola y un adiós”, al tiempo que admitieron haberse reunido en su día con el alcalde y candidato autonómico de CC, Fernando Clavijo (imputado en esta causa), y el denunciante, Carlos Calderón, aunque negaron que hubiera un pacto para permitir más horario a los locales de ocio del Cuadrilátero, en contra de los indicios que ve el juez, César Romero Pamparacuatro.

Por su parte, Remiro, quien dijo que conoció a Evaristo González de niño porque estudió en la misma clase que su hermano, aseguró que por su mano pasan todos los expedientes del Cuadrilátero, que ha sido una zona muy conflictiva y que no se ha dado licencia de apertura para nuevos locales nocturnos ni modificar la categoría de los actuales y que acudió como testigo en un contencioso del denunciante contra el Ayuntamiento. Admitió, sin embargo que hubo un acta de infracción por incumplimiento de horarios que no se tramitó durante un año, contra la discoteca Palco. Se tramitó cuando el juez requirió la documentación, y es que Pamparacuatro continúa las pesquisas para esclarecer si hubo tráfico de influencias, a raíz de una escucha policial en la que el empresario Juan Antonio Santana comenta con Evaristo González supuestas gestiones con Clavijo para que la denuncia de la Policía Local no se tramitara.

Compareció igualmente ante el juez quien fuera edil de Taco, Domingo Galván, con relación a las ayudas al realojo de los afectados por la aluminosis de Las Chumberas, en las que el juez ve tráfico de influencias y prevaricación para darlas a la edil socialista María José Castañeda y el portavoz vecinal -ahora asesor del gobierno lagunero- Ricardo González. Galván aseguró que era amigo de este último, pero se desmarcó de la gestión de estas ayudas, pues, pese a que atendió a más de 50 vecinos afectados, era Muvisa la que las gestionaba.

La juez sustituta Matilde Flores, al frente en 2010 del citado Juzgado, ha confirmado que dictó la prórroga de las escuchas en septiembre de ese año, aunque no figura en el sumario ni en el sistema informático judicial.