El Gobierno da ya por definitiva la introducción del gas en Canarias

Planta regasificadora de Huelva; la proyectada junto al puerto de Granadilla tendrá un único tanque. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El gas viene ya a todo gas. El último debate del estado de la nacionalidad canaria dio un nuevo mazazo parlamentario a las esperanzas de los partidos y plataformas que vienen pidiendo al Gobierno canario la paralización de la prevista entrada del gas natural licuado en Canarias para generar electricidad y analizar alternativas más baratas que no comprometan la llegada en masa de las energías renovables.

En ese reciente pleno del Parlamento, Nueva Canarias (NC) planteó en una propuesta de resolución, por enésima vez, que se suspendiera la prevista aprobación por decreto de las llamadas Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE). Como ya ocurriera en anteriores ocasiones, fue rechazada por todos los demás grupos.

En esa sesión parlamentaria, la pasada semana, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, dio por zanjada esta controversia porque “no es posible el 100% de energías renovables ahora, y el debate es quién es su pareja de baile, el petróleo o el gas”. “Y la decisión estratégica del Gobierno canario es el gas”, remachó, restando importancia a la postura de “quienes están preocupados por que este combustible convencional pueda mantenerse en el tiempo” y perjudique a las fuentes limpias. “Pero lo lógico es el gas”, concluyó el jefe del Ejecutivo.

Atrás quedan, pues, las reuniones mantenidas por la Consejería de Industria, de la que es titular la socialista Francisca Luengo, con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que le puso sobre la mesa un alternativa, basada en motores diésel de última generación y energías renovables que ahorraría unos 300 millones con respecto al gas, al permitir mayor penetración de la eólica y la solar en menos años (el nuevo objetivo oficial es de un 36% en 2020 y esta opción alternativa de un 57%). Luengo llegó a comprometerse públicamente a través de este periódico a que si, fruto de esas reuniones, se le ofrecía un sistema viable más barato que el que incluye el gas, se lo replantearía.

Pero en el Parlamento ha quedado claro en los dos últimos plenos que la decisión del gas ya está tomada, en desarrollo de la Ley de Directrices de 2003.

En el pleno sobre el estado de la nacionalidad, el portavoz de NC, Román Rodríguez (bajo cuyo Gobierno, por cierto, se aprobó esta ley, aunque ahora alega que la tecnología actual debe hacer cambiar las prioridades) apeló, sin éxito, a que “cada vez más expertos dicen que las costosas regasificadoras comprometerán el desarrollo de las renovables porque esas inversiones habrá que amortizarlas; cuando sabemos que hay alternativas al gas” . “Pedimos que se abra un debate social y político y se alcance un pacto y que la transición hacia el nuevo modelo energético limpio sea sin hipotecas”, clamó, una vez más en vano, el diputado de NC.

La realidad es que mientras la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se reunía con el Gobierno, el proyecto para construir la planta regasificadora junto al puerto de Granadilla ha seguido su curso. De hecho, Antonio Llardén, presidente de la empresa que lo llevará a cabo, Enagás, anunció esta semana que las obras comenzarán en el segundo semestre de 2015, de modo que estarán terminadas tres años y medio después, a fines de 2018 o principios de 2019 y cifró en 1.500 las personas que se emplearán en su construcción. Llardén aseguró que esta planta gasera será la “más moderna del mundo”, de entre las cerca de 90 actualmente operativas en el planeta.