Las inauguraciones de obras están prohibidas hasta después del 24M

Una ciudadana ejerce su derecho al voto en las elecciones locales y autonómicas de 2011. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Una de las ventajas inherentes al ejercicio del derecho constitucional al sufragio libre es que, en el periodo que va desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, los cargos públicos no están autorizados a cortar la cinta en una rotonda. Es más, durante este periodo queda prohibido “realizar cualquier acto de inauguración de obras, servicios públicos o proyectos de estos”, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento ahora. Esta disposición se hará efectiva una vez que, el martes 31 de marzo, los boletines oficiales del Estado (BOE) y de Canarias (BOC) publiquen los decretos referentes a los comicios autonómicos y locales del 24 de mayo.

Para determinados políticos va a ser un calvario no poder presumir de sus éxitos. En estricto cumplimiento de la Ley del Régimen Electoral, no se permitirá ejecutar “ningún acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos ni que se usen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

Lo que sí se consiente es el diseño y desarrollo de una campaña institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento y lo requisitos y el trámite del voto por correo. Todo ello, “sin influir en la orientación del voto de los electores”. Esta publicidad institucional se activará la próxima semana en los canales de Radio Nacional de España en Canarias (RNE), en la radio autonómica, en TVE y en TVCanaria. Este es uno de los dos contratos que ha suscrito al efecto el Gobierno regional. El otro es con una litografía para las papeletas, que estaba previsto que se cerrara ayer mismo. La gestión del proceso de las elecciones al Legislativo corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. De los municipales y a los cabildos se encarga la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Precisamente, el 12 de febrero se firmó un convenio específico de colaboración entre ambas administraciones derivado de la existencia de una mesa electoral común y se justifica en “la conveniencia, por razones de eficacia y eficiencia, del aprovechamiento compartido de recursos e infraestructuras”. Así, las dietas de los integrantes de las mesas son asumidas por el ministerio. Además, Interior adquirirá y prestará las urnas necesarias, “previa solicitud de la Comunidad Autónoma”. También suministrará cabinas y soportes señalizadores. La Delegación del Gobierno coordinará la distribución del material. Los representantes únicos serán designados preferentemente entre empleados públicos, de manera consensuada, y se tomará como referencia las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

Cada Administración responsable ejerce la competencia de anunciar los avances de participación y los resultados provisionales. A tal efecto, se creará una comisión de seguimiento paritaria que supervisará las actuaciones y resolverá las dudas o controversias surgidas.

Tanto la Delegación como la Consejería de Presidencia elaborarán un informe que incluirá una evaluación económica sobre la aplicación del acuerdo. Interior asumirá los costes generados por los compromisos con cargo a un crédito de 16 millones.

El censo será el del 1 de enero de 2015, a partir de las inscripciones en los padrones municipales y en los registros consulares a 30 de diciembre de 2014. La provincia de Las Palmas contabiliza 795. 636 electores residentes y 38.696 en el extranjero. En la de Santa Cruz de Tenerife son 733. 265 y 94.898.

Mesas electrónicas en dos municipios

La gran novedad de las elecciones del 24 de mayo es la instalación de 35 mesas electrónicas en Candelaria (Tenerife) y 44 en Ingenio (Gran Canaria). En esta experiencia, iniciada en 2009, participan en esta ocasión 22 municipios de España. “Se trata de la implantación de un sistema informático, con equipos y programación para agilizar el proceso administrativo en la jornada electoral”, explica el director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, Teófilo González. El dispositivo se compone de un ordenador portátil con módem 3G, y lector de DNI electrónico, tarjeta SD con el censo e impresora láser. “Los PC estarán programados para facilitar la confección automática de las actas y las comunicaciones”, detalla González. Los electores serán identificados mediante sus DNI electrónicos y, en el supuesto de que no se disponga de ese tipo de documento, se introducen las señas y se contrastan con el censo. “Naturalmente”, bromea Teófilo González, “el voto es secreto”. Obviamente.
Este ensayo no conlleva un gasto excesivo: la Administración General sufraga el 66% de los 620 euros por mesa, cantidad de la que la Comunidad Autónoma aporta 210.