Intervención – Por Leopoldo Fernández

El Gobierno de Canarias sigue emperrado en un intervencionismo desmedido que para sí querrían algunos regímenes partidarios del centralismo democrático. En su afán de reglamentarlo todo, ordenarlo todo y que todo pase por la larga mano burocrática de la Administración, en especial si se trata de asuntos vinculados al turismo, pretende modificar la controvertida Ley de Renovación y Modernización Turística, tras un año largo de más que discutible funcionamiento, sobre todo por sus efectos en la isla de Gran Canaria y por su nula evaluación real. Si eran ya insufribles los controles y las cautelas y reservas existentes para la construcción de nuevos hoteles, se pretende implantar la obligación de solicitar autorización previa para determinados equipamientos turísticos en los establecimientos de menos de cinco estrellas, hasta que el Gobierno pueda aprobar ¡en el plazo de un año! -hacerlo antes debe suponer un esfuerzo extraordinario, imposible de atender- los estándares de calidad edificatoria y de servicio exigibles por la mentada ley sobre medio ambiente, ahorro de agua, gestión de residuos, equipamiento, eficiencia energética, infraestructuras, etc., además de un compromiso oficial sobre formación continua del personal, formación de desempleados,en convenio con los servicios de empleo de Canarias. Con este ropaje oficinesco, sólo falta que el Ejecutivo autonómico dirija por sí mismo las empresas turísticas en vez de que, con tantos condicionantes y tan potencial alto grado de discrecionalidad, lo hagan sus legítimos dueños, es decir, los empresarios privados. Prefiero no citar otros requisitos que se exigen para la llamada renovación turística. En un país donde funciona la economía libre de mercado, se me antoja bochornoso que el Gobierno se entrometa en el funcionamiento interno y en los objetivos de las empresas con exigencias impropias y que además se reserve la posibilidad real de paralizar inversiones y proyectos de carácter estratégico por un quítame allá esas pajas. Al Ejecutivo de Rivero se le llena la boca y habla y habla del éxito de la rehabilitación turística. Así ha sido en parte, sí, pero se han perdido cuantiosas inversiones y otras esperan aún la aprobación oficial, mientras la seguridad jurídica sigue brillando por su ausencia.