Legislatura perdida – Por Hugo Luengo*

Deberíamos celebrar elecciones todos los años. Al cierre de la legislatura y agotado el periodo de legitimidad que en cualquier democracia dan las urnas, los candidatos y sus partidos cambian temporalmente el mensaje. Se acercan al votante planteando mejoras en el empleo, la sanidad y los servicios sociales y al tiempo todos bajan los impuestos y luchan contra la corrupción. El cuadro sin duda identifica los problemas pero no sus soluciones. La valoración que hacemos aquí sobre la legislatura, la apoyamos en torno a la acción de este Gobierno en relación al turismo, principal actividad en Canarias.

Las dos últimas legislaturas de este Gobierno, que nuestro presidente despide estos días, ha sido una carrera sucesiva en el campo de la normativa turística y territorial, para acercarse a un problema al que nunca llegan. Ya hemos señalado en esta sección que son tres los problemas técnicos a resolver, que nos permiten ver si vamos por la vía correcta. Estos son asumir el “principio de subsidiaridad”, o sea una administración una competencia, integrar la legislación ambiental con la urbanística y aceptar la normativa Bolkenstein, de liberalización de servicios. Todo el desarrollo legislativo de Canarias viene a enfrentarse con estos criterios, por lo que nos alejamos de crear un modelo de “libertad y seguridad jurídica”, imprescindibles para generar confianza e inversión propia o externa.

La situación no es circunstancial, sino que obedece en Canarias al “modelo político”, soportado en la subvención y el clientelismo. Cuando la economía entra en crisis, se agudiza y en los recortes desaparece la inversión pública y el mantenimiento, le siguen la Sanidad, la escuela y los gastos sociales y en menos medida las estructuras administrativas y/o societarias vinculadas a lo público. En términos relativos el gasto público no baja, sino que incluso aumenta. De hecho Canarias luego de 30 años y de cuantiosas ayudas públicas, no ha sido capaz de corregir los diferenciales de empleo y PIB por habitante en relación al resto de España.

La lógica de este sistema podemos seguirla a lo largo del proceso legislativo en torno al turismo y al territorio. Ya en plena crisis en el año 2009, el Gobierno aprobó la Ley de Medidas Urgentes, que a lo que el turismo se refiere limitaba las nuevas iniciativas a la renovación de lo existente y a los hoteles de 5 estrellas, con obligaciones de uso, empleo y marco urbanístico. La escasa operatividad de esta ley dio lugar a la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que en esencia venía a facilitar el marco anterior, trasladando la solución del problema urbanístico a los planes de modernización turística, gestionados públicamente y aun hoy con escasa o nula incidencia. La corrección sobre lo corregido ha ido en aumento a través de la aprobada. Ley 14/2014 del 26 de diciembre de Armonización y Simplificación, que se aprobó en contra de la opinión de todos los sectores empresariales, sociales y profesionales de Canarias y que incrementa en lugar de reducir las dificultades de gestión. A ello se suma la Ley en marcha sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas, que en esencia reduce los plazos de las inversiones a la mitad. Nos preguntamos por qué no reducirlo para todas las tramitaciones, cuando las inversiones no estratégicas son más sencillas. Asimismo reacciona el Gobierno de Canarias ante la denuncia de esta Ley en el Constitucional y propone una nueva donde desaparecen las limitaciones de las categorías turísticas, que cambian por criterios de sostenibilidad. Siempre mantienen el control público y discrecional del proceso, con mecanismos de inseguridad jurídica, que se resuelven con la decisión del Gobierno.
Con todo ello es encomiable el esfuerzo que realiza, a pesar del Gobierno, el sector turístico de Canarias, que no precisa que le fijen la ruta. Sólo un marco jurídico mucho más sencillo, con igualdad y seguridad jurídica que permitan formular las inversiones con “plazo y coste”. Además ya en la sociedad de internet, la red ha roto “los mecanismos de intermediación”, que afectan singularmente al turismo. La residencia, el comercio, la restauración, el vehículo, dependen de este proceso que se acelera por días. No se resuelve la “vivienda vacacional”, ignorándola o regulándola a la contra. Quien no acepta los procesos de transformación acaba desplazado. Estamos ante un cambio de paradigma que este Gobierno ni entiende ni atiende. De ahí que hayamos “perdido estas dos últimas legislaturas”.

*ARQUITECTO Y URBANISTA