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La ley canaria de muerte digna, sin el mínimo de camas de paliativos

   

Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de la Candelaria

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de la Candelaria es el centro de referencia en Canarias. / da

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado 27 de enero la denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, que regula los derechos de los pacientes y los deberes de los facultativos en los procesos terminales. Dicha ley busca “garantizar un final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la oportunidad de decidir a los pacientes o en su caso a sus familias sobre tratamientos paliativos cuando ya no hay esperanza”.

La norma regional prevé en las Islas en torno a 80 camas por millón de habitantes

El nuevo marco normativo, cuya aprobación se retrasó más de dos años y es muy similar al que ya existía en regiones como Andalucía, se elaboró sin contar con los profesionales, como ya denunció el presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Comtf), Rodrigo Martín. La principal queja del responsable del órgano colegial tinerfeño radicaba en que Canarias sigue, a día de hoy, presentando un importante déficit de camas de paliativos, lo que hace imposible que se pueda cumplir con la ley. No en vano, dicha norma toma como base indicadores como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que establecen un mínimo de 80 camas de paliativos por cada millón de habitantes. Ello supondría que la sanidad pública isleña debería contar con al menos un centenar más para llegar a los estándares que fija su propia normativa.

Sin embargo, y aunque se trata de un aspecto básico incluido en esta controvertida ley canaria de muerte digna, actualmente las Islas apenan cuentan con 60 camas de paliativos, una cifra que además es de las más baja de todo el Estado. En concreto, según datos de la propia Consejería de Sanidad recogidos por el Colegio de Médicos de Tenerife, la mayor parte de estas camas de paliativos se encuentran en los hospitales Insular y Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, 16 en cada uno de ellos, y cuentan con 12 especialistas.

En cambio, en la provincia tinerfeña sólo hay 11 camas de este tipo en el Hospital del Tórax de La Candelaria, en una unidad que cuenta con 6 médicos. A estas hay que añadirles una decena más entre los hospitales de La Palma y el Doctor José Molina Orosa de Lanzarote.

Trato específico

Para Rodrigo Martín, “todos estamos de acuerdo en que debe haber una ley de muerte digna, pero irremediablemente habría que contar con más y mejores servicios de cuidados paliativos”. “Se trata de pacientes que en la mayoría de los casos se enfrentan a procesos dolorosos, que requieren un trato muy específico, no sólo físico, también psicológico”, recalca Martín, quien recuerda que “los cuidados paliativos son servicios que en España se está desarrollando en los últimos años. Hasta ahora, eran atendidos por médicos de familia y algunos anestesistas, porque no existe la especialidad”. En este sentido, Martín aseguró que “algunos enfermos con patologías terminales, cuando estas camas están ocupadas, se quedan en los hospitales, pero no es lo mismo estar en un servicio específico que en un hospital, donde hay un mayor trasiego de gente, por lo que en ningún caso se podría hablar de una situación idónea ni digna para morir”.

Los enfermos terminales isleños podrán rechazar intervenciones quirúrgicas

La ley canaria de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida recoge, entre otras cuestiones, que todos los individuos en situación terminal o de agonía podrán rechazar intervenciones quirúrgicas. Ello deberá constar por escrito en la historia clínica del paciente y, en el caso de que este no pudiese firmar, lo hará otra persona que actuará como testigo.

La ley deja muy claro que este tipo de enfermos tienen derecho a recibir “cuidados paliativos integrales de calidad”, unos cuidados que el nuevo marco normativo recoge como “el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, valoración y tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y psicosociales”.

En virtud de esta norma, toda persona mayor de edad, capaz y libre puede formalizar su voluntad en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad en el ámbito sanitario, que se incorporará a la historia clínica en los términos que reglamentariamente se determinen.De igual modo, estos pacientes tendrán derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento, así como a la sedación paliativa. También tienen derecho a la intimidad personal y familiar, a la confidencialidad y al acompañamiento.