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El negocio de las apuestas deportivas

   
El Reglamento permite la apertura de 95 locales de apuestas deportivas en Canarias. / DA

El Reglamento permite la apertura de 95 locales de apuestas deportivas en Canarias. / DA

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

Caballos, fútbol, baloncesto y, en breve, hasta lucha canaria. Los locales de apuestas deportivas han proliferado por el territorio español en los últimos años al amparo de las legislaciones autonómicas. Canarias, algo rezagada en la regulación de estas actividades, publicó el Reglamento de las Apuestas Externas en octubre de 2014, un documento que estipula cómo y quién puede poner en marcha negocios de este tipo, y que sienta las bases para que se desarrolle la “quiniela” de la lucha canaria. Desde entonces, el Servicio de Gestión del Juego del Gobierno de Canarias, que depende de la Consejería de Presidencia, ha recibido cinco solicitudes de apertura por parte de empresarios del sector, que se hallan en fase de tramitación. El impulso de esta normativa se debe a la necesidad de atender las nuevas formas de ocio y administrar su tributación, pero también a las quejas de competencia desleal que han formulado las asociaciones del juego. Solo en 2014 los representantes del sector presentaron 60 denuncias contra establecimientos que supuestamente operaban al margen de la ley -24 en la provincia occidental y 36 en la oriental- y nueve acabaron cerrando por no poder adaptarse a las exigencias de la nueva norma.

La detección de los locales que permiten las apuestas deportivas es una tarea compleja. Lo reconoce la viceconsejera de Administraciones Públicas, Carmen Nieves Rodríguez Fraga, pero también los empresarios. En su mayoría se trata de establecimientos que cuentan con licencia municipal de apertura para funcionar como cibercafés, lo que dificulta su detección y, sobre todo, su precinto. A esos problemas competenciales se unía, hasta hace unos meses, la ausencia de una normativa que dictase las condiciones y requisitos para abrir un espacio de estas características. Rodríguez Fraga explica que hasta la aprobación del reglamento los locales actuaban de forma “alegal”. “No tenían licencia para operar pero tampoco había normativa”, explica. El servicio de Gestión del Juego “ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo” para poder dar cobertura legal a esta actividad. El documento detalla de manera pormenorizada el mapa de apuestas externas: cómo, cuándo y dónde se podrán situar estos nuevos negocios. El número no está relacionado solo con la población residente, sino también con la implantación de este sector; es decir, una variable importante es cuántos ciudadanos practican actividades lúdicas de este tipo. En total se adjudicarán, como máximo, 95 licencias: una en El Hierro, 10 en Fuerteventura, 44 en Gran Canaria, una en La Gomera, 11 en Lanzarote, cuatro en La Palma y 24 en Tenerife.

Para Manuel Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Maquinas Recreativas de Las Palmas (Aspromare), la aprobación del reglamento ha sido clave para el sector. Valora el trabajo que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Presidencia y la Viceconsejería de Administraciones Públicas, pero lamenta las dificultades existentes para acabar con el problema. “Los locales obtienen permiso municipal para abrir como cibercafés, pero luego se dedican al negocio de las apuestas deportivas. Eso provoca que para el Gobierno sea complicado cerrarlas; lo entendemos, pero pedimos que se incoe el expediente oportuno y se precinte el material”. A pesar de que es complicado localizar estos espacios, los empresarios han constatado que se encuentran sobre todo en las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y no en los enclaves más turísticos.

La regulación de este tipo de establecimientos por parte de la Administración obedece a la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos del jugador, pero también a la necesidad de prestar atención a la diversificación de las actividades de ocio. El sector del juego ha sido tradicionalmente una actividad con un impacto considerable en las arcas de los gobiernos, que han aprovechado estos ingresos para costear otros servicios derivados del Estado del Bienestar. Según los datos que maneja el sector del juego, entre 110 y 120 millones de euros procedentes del juego privado se ingresan en la Hacienda de la Comunidad Autónoma. Con la regulación de las apuestas externas la Administración incrementará sus ingresos, augura Fernández. “Las apuestas ilegales no están tributando: es un fraude en toda regla que nos afecta a nosotros y también al gobierno”. Para garantizar la protección de los menores, la normativa también señala que los locales de apuestas no podrán estar ubicados a menos de 200 metros de un centro de enseñanza no universitaria o de atención a menores.

Bingos
El juego ha caído en Canarias y en todo el país desde que empezó la crisis, pero los bingos son, probablemente, el subsector del juego más damnificado. “Hay muchas salas que subsisten a duras penas, que intentan no cerrar porque si lo hacen dejarían a muchísimas personas en la calle”, cuenta Fernández. El Consejo de Gobierno elevó el viernes pasado al Parlamento de Canarias, en forma de comunicación, la planificación de las salas de bingo. El Ejecutivo ha optado por mantener el mismo número de autorizaciones -42- porque el mercado no ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años que justifique una ampliación de la oferta de este tipo de establecimientos. La prueba es que, según Fernández, en las Islas solo hay 29 salas abiertas. Hasta hace unos años, el bingo había gozado de gran aceptación en las Islas y, a pesar de las dificultades por las que atraviesa y según los datos anuales que publica la Fundación Coder, esta actividad todavía es destacable en el Archipiélago.

“En los últimos cinco o seis años la recaudación ha bajado el 50%”, lamenta Fernández. A pesar de los datos, los empresarios confían en que las salas levanten el vuelo gracias a la modificación del reglamento que, esperan, incluyan otras modalidades de juego, como el bingo online, que ha tenido éxito ya en otras comunidades autónomas. Además, la patronal considera que la Administración debería optar por una fiscalidad más equilibrada para ayudar al mantenimiento de las salas, que, en su opinión, soportan una carga tributaria excesiva.

Con respecto al auge del juego online, el empresario es moderadamente optimista. Reconoce que en el futuro este canal será una competencia para el juego presencial, pero advierte de que su implantación aún “va muy despacio” y que en cualquier caso “no es preocupante”.

Sorprendentemente, el juego es una actividad excesivamente regulada en su vertiente presencial, en contraste con la liviana reglamentación del juego online. El mercado nacional se ha ido fragmentando a partir de la transferencia de competencias sobre el juego a las comunidades autónomas, hasta configurar 18 mercados diferentes, en los que aspectos técnicos, requisitos legales, trámites administrativos y sistema tributario son dispares.

En 2012, según informa la Dirección General de Ordenación del Juego, la legislación en vigor sobre la industria abarcaba unas 5.000 páginas, lo que da idea de la complejidad y dispersión legislativa, difícilmente justificable y explicable. Además, varias Comunidades han hecho nuevas normativas que han incrementado este acervo legislativo.

El juego online, que comenzó a desarrollarse a mediados de los años noventa, generó la aparición de nuevos empresarios vinculados a las nuevas tecnologías. En el futuro, las administraciones se tendrán que enfrentar a la compleja tarea de proteger al consumidor y de regular las nuevas formas de juego que están surgiendo a través de tablets, ordenadores, teléfonos o relojes inteligentes.

grafico *Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). / DA

Loterías, casinos, bingos y cupones de la ONCE sufren el efecto de la crisis

S. E. | Santa Cruz de Tenerife

El turismo y la hostelería son áreas con un peso importante en las economías de servicios, pero también el juego; sin embargo, todos ellos han padecido históricamente cierto menosprecio por parte del mundo académico, como si estas actividades vinculadas al ocio no fueran suficientemente relevantes. Su impacto en la economía no es despreciable. Según la Dirección General del Juego, en 2013 -último año del que se tienen cálculos- los españoles destinaron 23,4 millones a billetes de lotería, cupones de la ONCE, apuestas deportivas o juegos de casino, bingos. La cifra representa un 4,8% menos que en 2012, cuando el gasto llegó a 24,5 millones. y máquinas. Desde 2008, las cantidades no han dejado de descender: ese año se jugaron 32.111,5 millones.

Las Comunidades que más participan en el cómputo total del juego son Madrid, Cataluña y Andalucía, las tres por encima de 3.000 millones de euros gastados al año. Valencia las sigue muy de cerca. Castilla y León, Canarias y el País Vasco son las siguientes regiones en el ranking: las tres superan los 1.000 millones al año. En el Archipiélago también se ha notado el efecto de la crisis. En 2008 sobrepasaba la barrera de los 1.600 millones jugados y en 2013 se quedaba en algo más de 1.100, según el anuario del juego que lleva tres años editando la Fundación Coder y que dirige José Antonio Yáñez, doctor en Sociología de la Universidad Carlos III. Ese descenso también ha supuesto un recorte en la recaudación de impuestos.

Para entender la implantación del juego en España hay que hacer un ejercicio de memoria histórica. En 2013 se cumplieron 250 años desde que Carlos III firmó el Real Decreto que instauraba la lotería en España: “A imitación de la Corte de Roma y de otros países y con informes de diferentes Ministros de mis Consejos, he tenido por oportuno y conveniente establecer en Madrid una Lotería… (para)… beneficio de hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas”. El primer sorteo, según el modelo de la lotería primitiva antigua, se celebró el 10 de diciembre de 1763 en la plaza de San Ildefonso de Madrid. Desde entonces, su implantación en la sociedad española ha ido en aumento. Solo en 2013 el 71,1% de los residentes en España entre 18 y 75 años compraron números de la Lotería de Navidad. Desde entonces, el juego, en sus múltiples vertientes, está muy presente en la sociedad española y es objeto de regulaciones por los distintos gobiernos.