Noes insolidarios – Por Leopoldo Fernández

A nadie le gusta tener cerca de su casa instalaciones potencialmente desagradables, dañinas, insanas o peligrosas. No se trata de ninguna leyenda urbana, sino de pura realidad. Por eso surgen problemas en cuanto se habla de modificar el trazado de una carretera, abrir unas zanjas, ubicar repetidores telefónicos y de televisión cerca de viviendas o en los áticos de éstas, reservar terrenos para un cementerio, etc., etc. No digamos si se trata de asuntos de más envergadura o trascendencia, como la creación de un vertedero, la construcción de una cárcel, la puesta en marcha de una central eléctrica -si se trata de energía nuclear mejor no hablar- o de simple grupos de generación, el trazado de un gasoducto, la construcción de depósitos de carburantes… En la memoria colectiva permanecen protestas y manifestaciones populares como las del tendido eléctrico de Vilaflor o contra el inicio de las obras del puerto de Granadilla, la Vía de Ronda lagunera y el inicio de la zona residencial en las inmediaciones de Las Teresitas. Creo sinceramente que las razones conservacionistas o de carácter ecológico que en muchas ocasiones se esgrimen en relación con determinadas actuaciones suelen estar cargadas de razón; pero otras veces, pese al ruido mediático que desatan, no ocurre lo mismo -así lo atestiguan los citados asuntos de Vilaflor, Granadilla y Vía de Ronda- porque las acciones de protesta se presentan huérfanas de rigor y argumentos serios. En el caso de la central eléctrica de Candelaria y del nuevo tendido que se prepara, un mínimo de solidaridad insular y sentido común aconseja el apoyo de ambas iniciativas, que tienen carácter estratégico para poder atender las necesidades de suministro energético de Tenerife. Cosa distinta es la conveniencia de atender las justas reivindicaciones vecinales en orden a evitar, hasta donde sea posible, la contaminación atmosférica y los efectos nocivos que pudieran producir tanto la renovación de la central candelariera como el nuevo tendido decidido por el operador, Red Eléctrica Española, para una segura prestación del servicio. Mejor aceptar la solución menos mala que la imposición gubernamental para, con la utilización de poderes especiales, sacar adelante unos proyectos obligados por razones de interés general.