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El Parlamento exige más recursos y una nueva ley de discapacidad

   

El colectivo de discapacitados isleños exige soluciones urgentes. / DA

El colectivo de discapacitados isleños exige soluciones urgentes. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Imposibilidad de una integración social real por la inexistencia de una verdadera educación inclusiva; nulo acceso a la formación profesional y universitaria; inaccesibilidad de las ciudades y los edificios públicos y privados; escasa sensibilidad del resto de la población hacia el colectivo; falta de oportunidades de formación y una elevada tasa de paro, que supera el 50%; y un colapso del sistema de dependencia que ha afectado especialmente a las personas más vulnerables.

Este es el negro panorama de la discapacidad en Canarias, y así lo refleja el exhaustivo informe elaborado por la subcomisión parlamentaria que ha estudiado la situación de este colectivo en la Comunidad Autónoma. Dicho informe, al que ha tenido acceso este periódico, concluye, entre otras cuestiones, que el tema de la discapacidad debe estar situado en el área de Asuntos Sociales de los gobiernos pero, al mismo tiempo, constituye una “cuestión transversal” que requiere actuaciones en otros ámbitos (educación, justicia, empleo, sanidad, vivienda, transportes, etc), siempre buscando la “mayor eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la implementación de políticas dirigidas a los colectivos de personas con discapacidad”. En este sentido, la subcomisión propone al Ejecutivo que se cree una “comisión permanente” que trate específicamente la situación de la discapacidad en las Islas, y que se convierta en un foro autonómico de participación de los distintos grupos representativos y en el “altavoz de sus propuestas ante las administraciones públicas canarias”, especialmente ante el Gobierno autonómico, con el objetivo de “lograr la accesibilidad universal” para todas las personas del Archipiélago. “Dicho órgano parlamentario, además, debería supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa existente en materia de discapacidad, contribuyendo así a la creación de una nueva ley en este ámbito, con la participación activa de las entidades del Tercer Sector”, subraya el informe.

En las diferentes reuniones de la subcomisión, presidida por Ignacio González Santiago, han participado, entre otros, representantes de entidades como Cermi, Simpromi y la ONCE, así como la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez; o las consejeras de Políticas Sociales, Inés Rojas, y Empleo, Francisca Luengo. El informe final elaborado tras los distintos encuentros y ponencias incide además en la necesidad de poner en marcha “campañas de sensibilización” y la “revisión del papel de los centros especiales de empleo”, teniendo en cuenta la opinión de los distintos colectivos representativos de personas con discapacidad. Por ende, la subcomisión deja claro que “resulta imprescindible mejorar la planificación de los servicios sociales” y pide que se “aumenten los cupos de reserva” para el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.