La persecución a Clavijo – Por Francisco Chavanel

Todos aquellos que hemos seguido en primera línea el amplio despliegue de errores procesales del juez César Romero Pamparacuatro, no nos extraña en absoluto la decisión adoptada por el TSJC, imputándole tres delitos: retardo malicioso, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público. La tesis sobre lo ocurrido manejada por este periodista es la siguiente: el caso Corredor era un asunto durmiente desde 2012. La batalla interna suscitada en CC para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno entre Paulino Rivero y Fernando Clavijo, rompe el diseño que para los próximos cuatro años tenían socialistas y nacionalistas cercanos al actual presidente. Es el PSOE, a través de actores pertenecientes al ámbito al que se mueve José Miguel Pérez, el que persuade a un desesperado Pamparacuatro -por los efectos perniciosos del caso Unión, mal instruido por él, lo que origina un expediente abierto por este motivo por el CGPJ- para que destruya la imagen de Clavijo, imputándole cuatro presuntos delitos con el objetivo último de apartarlo de la carrera política. Debe saberse que el PSOE EN 2008 trazó el rumbo de una vendetta contra determinados empresarios de la isla consejera, con el apoyo de Juan Fernando López Aguilar, Pérez Rubalcaba, y el departamento de Interior del Gobierno de España que puso al frente de la investigación al fiscal anticorrupción, Antonio Salinas (nombrado en su día por López Aguilar) y al capitán de la UCO Vicente Corral Escariz, un año después contratado por Rodríguez Zapatero como responsable de su seguridad personal en el tiempo en el que España ostentó la presidencia de la Unión Europea (julio de 2009). Por supuesto, la denuncia inicial la hizo un socialista -nada menos que Carlos Espino, entonces secretario insular del PSOE-, el mismo día en que realizó su primera guardia el esperadísimo Pamparacuatro. La instrucción efectuada por el juez fue caótica. La jueza Lucía Barrancos, que lo sustituyo en mayo de 2011, firma un informe demoledor en noviembre de ese año, que durante treinta meses fue escondido por el TSJC y por el CGPJ y posteriormente “salvado” en 2014 por una sentencia del Tribunal Supremo, donde le recuerda a la parte acusatoria que los imputados de cualquier causa tienen derecho a la defensa y al conocimiento de todas las pruebas existentes. El informe pone los pelos de punta: 80.000 folios de los que sólo aparecen la mitad y además sin numerar. Pruebas fundamentales desaparecidas, grabaciones que no se encuentran, las pruebas de convicción archivadas en Madrid en la central de la UCO… 120 documentos que tendrían que estar firmados por el juez Pamparacuatro que no lo están. Documentos en los que se ordenan detenciones, registros, prórrogas de escuchas…

Es el Everest de las investigaciones perversamente realizadas en la España contemporánea. Con este currículum, ¿qué nos puede sorprender? Clavijo siempre fue inocente y la pena es que habrá gente que piense que los tribunales sólo se mueven cuando hay políticos por medio. No se lo merece.