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El PP denuncia que Santa Cruz dejó sin gastar 3,3 millones en vivienda

   

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Instituto Canario de la Vivienda (ICV) acreditó en junio de 2014 que el Ministerio de Fomento adelantó fondos para la rehabilitación y renovación de viviendas en mal estado de hasta 12 barrios de Santa Cruz de Tenerife. En cada uno de estos núcleos se colocó un cartel de obra y el Gobierno de la nación adelantó un porcentaje de la inversión total para poder comenzar los trabajos, confiando en que el resto de las instituciones aportarían su parte. El dinero estatal se abonó, pero las obras jamás se iniciaron. Al menos así lo defiende el Partido Popular de Santa Cruz, que insiste en denunciar la mala gestión realizada desde el Ayuntamiento capitalino en lo que a materia de vivienda se refiere. El PP señala que los ya conocidos como “papeles de la vergüenza”, recogen la documentación remitida por el Gobierno regional, y demuestran que la Comunidad autónoma ingresó unos 3,3 millones al Ayuntamiento de Santa Cruz. Después de 10 años, en puntos como el barrio de la Salud, El Toscal, La Candelaria o Santa María del Mar, los trabajos ni siquiera llegaron a iniciarse, y según el ICV, “no se dispone de ninguna certificación aportada por la corporación local”. Ante las reiteradas denuncias de los vecinos, recuerda el PP, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado más de medio centenar de iniciativas en la Cámara regional para instar al Gobierno de Canarias a actuar. “Ni el Ayuntamiento de Santa Cruz ni la consejera autonómica de Vivienda, Inés Rojas, han asumido responsabilidad alguna, y se han limitado a derivar toda responsabilidad al Gobierno de la nación”, señalan desde el PP.

El Partido Popular recuerda que los planes estatales de Vivienda de 2005-2008 y 2009-2012 incluían, entre otras medidas, convenios entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional para la rehabilitación o renovación de una veintena de núcleos urbanos de cinco de las siete islas. En Santa Cruz de Tenerife la inversión pública del Estado ascendería a unos 30 millones de euros, el 50% del coste total de las obras. El resto del dinero lo aportaría la Comunidad autónoma, repartido entre el Instituto Canario de Vivienda, el Cabildo insular y el Ayuntamiento y, en algún caso, la comunidad de propietarios correspondiente.

En su momento, se calculó que estas 12 actuaciones habrían generado más de 800 puestos de trabajo directos en la ciudad. Concretamente, y según los distintos convenios, las obras beneficiarían a unos 1.400 inmuebles.