El PSOE se plantea pedir que Rajoy sea imputado en el caso Bárcenas

EUROPA PRESS | Madrid

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, avanzó ayer que el PSOE va a pedir en la Audiencia Nacional la imputación de los últimos secretarios generales del PP, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, en la causa de los llamados papeles de Luis Bárcenas, y se está planteando reclamar también la imputación del presidente, Mariano Rajoy.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando detalló que, como parte personada en esta causa, el PSOE va a recurrir el auto del juez Pablo Ruz para que, además de sentar en el banquillo a los extesoreros del PP, se impute a los secretarios generales de quienes dependían. Y, a partir de ahí, sus servicios jurídicos se están planteando si piden imputar a Mariano Rajoy en su condición de presidente del PP desde hace más de diez años. Tomarán una decisión “en los próximos cinco días”.

Hernando explicó que la decisión sobre el jefe del Ejecutivo se adoptará cuando se estudie “con detenimiento” el auto de 200 páginas con el que el juez Ruz da por hecho la existencia de una caja B en el PP durante 18 años. Hernando recordó que ya han exigido que dimita “en innumerables ocasiones”, pero insistió en que ahora lo que están estudiando es solicitar su imputación. “El resto ya lo veremos”, apostilló.

Por ahora, sí han acordado solicitar la imputación de Acebes y De Cospedal por los mismos delitos fiscales que el juez le atribuye a los extesoreros y gerentes del PP, ya que eran sus superiores jerárquicos inmediatos. En su opinión, aunque hay algunas prescripciones que “afectarían” a la etapa de Acebes, este no sería el caso de Cospedal. Por todo ello, Hernando reiteró que Rajoy “más pronto que tarde va a tener” que dar explicaciones sobre este caso en el Congreso, aunque el PP lo esté impidiendo.

En este escenario, Izquierda Unida y otras cuatro asociaciones que ejercen la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP recurrirán el cierre de la instrucción por “apresurado e incompleto”. Las organizaciones que presentaron la querella que posibilitó la investigación quieren que todos los responsables de la caja B del PP y los constructores que “realizaron los pagos presuntamente ilegales a cambio de contratos públicos sufran un duro reproche penal”.

Los querellantes interpretan que el auto “acredita indiciariamente una serie de delitos que deberían desencadenar decisiones políticas drásticas”.