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Reputación bancaria, al mínimo

   

Imagen de la sede de Banco Madrid en Santa Cruz de Tenerife, en la céntrica calle de Villalba Hervás. / FRAN PALLERO

Imagen de la sede de Banco Madrid en Santa Cruz de Tenerife, en la céntrica calle de Villalba Hervás. / FRAN PALLERO

M. F. | Santa Cruz de Tenerife

Lo ocurrido esta semana con la intervención de Banco Madrid, filial en España de Banca Privada de Andorra (BPA) no solo ha dejado pendientes los ahorros e inversiones de más de 15.000 clientes (unos 3.500 en Canarias), sino que vuelve a sacar del armario el fantasma de anteriores rescates a los que el Gobierno, y por consiguiente los españoles, tuvo que hacer frente. Todos recordamos especialmente los 23.465 millones de euros en ayudas públicas directas que recibió Bankia, situándose como el rescate más caro en la historia de España.

La diferencia ahora está en que no solo Banco Madrid es una entidad pequeña (su peso en la economía es mínimo a pesar de estar sustentada por grandes inversionistas), sino que se trata de la primera entidad sobre la que se actúa con la recién estrenada Unión Bancaria. Tres normativas con las que se da carpetazo a los rescates bancarios y donde se garantiza a los europeos que no tendrán que volver a pagar la factura de los bancos cuando estos tengan problemas de financiación.

Según se desprende del informa anual de ayudas públicas que elabora la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), cada español ha aportado 1.846 euros para sanear las entidades financieras. En total, las ayudas destinadas al sector sumaron más de 87.000 millones en 2010, el peor año de la crisis económica.

Esto se acabó, a partir de ahora con la Unión Bancaria serán los accionistas y los acreedores los que paguen por la mala gestión de sus entidades bancarias y todo el dinero que se necesite para salvar al banco provendrá de un fondo creado expresamente para ello. En el caso de Banco Madrid, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) ya ha dicho que no procede rescatar a la entidad que será liquidada por la vía concursal. Sin embargo, según explicó un experto financiero consultado por este periódico, la diferencia con respecto a Bankia donde había muchos ahorradores, es que Banco Madrid está sustentado básicamente por fondos de inversión, que se miden al margen, “y por consiguiente no se pierden”. De hecho, los clientes tienen garantizado un máximo de 100.000 euros. La brusca salida de capitales, el riesgo de no poder cumplir con los acreedores y, sobre todo, la denuncia proveniente de EE.UU. de que parte de esos fondos pueden venir de actividades ilícitas hacen inviable el rescate.

Austria, el primero en aplicar la norma

Aunque el Gobierno, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ni siquiera se plantee el rescate de Banco Madrid, lo que sí es cierto es que, por si no estaba ya bastante deteriorada, la reputación de la banca está por los suelos. Uno de los objetivos de la Unión Bancaria es precisamente éste: recuperar la imagen del sector bancario haciendo que los contribuyentes y los Estados no paguen la mala praxis de las entidades bancarias. A España le toca aplicar esta normativa ahora. Austria ya lo hizo en primer lugar. Tras la quiebra del Heta Asset Resolution Bank, el banco malo del rescatado Hypo Alpe Adria, el Estado austriaco decidió imponer pérdidas en la deuda subordinada de esta entidad, que superan los 1.700 millones de euros y que tendrán que asumir los acreedores.

Según el experto financiero consultado por este periódico, esta medida, pilar de la Unión Bancaria aprobada en noviembre de 2014, es positiva porque no se carga sobre el contribuyente y el Estado miembro del rescate, pero al mismo tiempo es “peligroso” porque aumentan los riesgos de los inversionistas y tenedores de bonos. “Muchas veces el dinero es de varios inversionistas aunque figure uno solo como depositario en el banco”.

Si este pierde parte de su dinero o tiene que poner más para hacer frente a la deuda del banco, “¿qué ocurre? ¿A quién se lo cobro? Por ejemplo, ¿si parte de este dinero me lo dan como entrada para un piso?”. Austria ha sido el primer Estado en aplicar esta nueva normativa, habrá que esperar a ver cómo reaccionan los inversionistas.