VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha incluido en su propuesta de nuevas bases económicas del Régimen Económico y Fiscal (REF) la exigencia de que las empresas que se acojan a sus ventajas y ayudas asuman la responsabilidad social empresarial, una de las reivindicaciones que han planteado los grandes sindicatos, que siguen sin apoyar el documento, al considerar insuficiente las medidas relativas a la cohesión social.
Así lo confirmó ayer el portavoz de la dirección provisional de CC.OO. en Canarias, Antonio López, quien recordó que si bien la inclusión de la responsabilidad social de las empresas “no presiona legalmente a los que se beneficien del REF económico, sí favorece que los empresarios que reciban dinero público tengan que mantener unas condiciones decentes, en términos de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto al respeto a los convenios colectivos y a la negociación colectiva, a la libertad sindical y a legislación sobre salud y seguridad laboral”.
En todo caso, tanto CC.OO. como UGT se mantienen firmes en no dar aún su visto bueno a la propuesta de bases económicas del REF, tras recibir el viernes del Gobierno regional el documento del proyecto de ley, que recoge el 50% de sus propuestas, lejos aún de casi el 100% admitido a las del empresariado, tanto las de la CEOE-Tenerife como las de la CCE de Las Palmas. “Aun así consideramos insuficiente la concreción de medidas destinadas a la cohesión social de Canarias, teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la cohesión económica están bien atadas”, apostillan ambos sindicatos en un comunicado de prensa.
UGT y CC.OO. creen necesario vincular en el texto que el Plan de Empleo específico para Canarias tiene que citar tácitamente un plan de ayudas para los parados mayores de 55 años tomando como referente el salario mínimo interprofesional para que, a través de su cotización a la seguridad social, les garantice una jubilación digna y el acceso a una pensión contributiva en el mejor de los casos. De la misma manera los sindicatos piden que se estipule en este apartado una prestación para familias con todos sus miembros en paro equivalente al 100% del IPREM, vinculando ambas ayudas a la activación del empleo de estos sectores. “No sería razonable que se sigan reconociendo bonificaciones para la promoción y las infraestructuras turísticas y no a estos sectores sensibles de la sociedad canaria que son un déficit estructural de nuestro territorio por su singularidad”, alegan las centrales sindicales.
V. P. | Santa Cruz de Tenerife
Una de las propuestas que el Gobierno de Canarias se ha negado de momento a aceptar a los sindicatos es la creación de una cooperativa de crédito pública para que gestione, sin necesidad de la banca privada, los cuantiosos fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Se trata de que no haya intermediarios privados, que encarecen la gestión, y que no pongan las condiciones para los beneficiarios, pues tiene lógica que el propio Gobierno canario oriente el crédito a la economía productiva de las Islas y no las entidades financieras privadas”, aseveró el máximo dirigente regional de CC.OO, Antonio Pérez, cargo que ocupa de forma provisional hasta la celebración del congreso que en los próximos meses elegirá a la nueva directiva. Tanto este sindicato como UGT se aferran a que el texto inicial de la propuesta del Gobierno canario “recoge en su artículo 4 punto 3, que es de nueva incorporación, la posibilidad de que en el ámbito de sus competencias los poderes públicos puedan adaptar las actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, a la condición de Canarias como región ultraperiférica”. Es ahí donde a su juicio encaja la entidad pública de crédito.