Sepca llevará a los tribunales el pacto de estabilidad de los docentes interinos

Los interinos vuelven a situarse en el epicentro de la polémica. / S. M.

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha presentado un escrito al director general de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, Aarón Afonso, en el que advierte de que el acuerdo de estabilidad sellado por algunas organizaciones sindicales y la Consejería de Educación sobre los docentes interinos mayores de 55 años de edad podría ser ilegal, ya que existe un decreto de 2010 por el que se regulan las listas de funcionarios interinos y sustitutos de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, desde Sepca recordaron que la negociación que se ha llevado a cabo en el ámbito educativo debería haberse elevado a la Mesa General de la Función Pública, ya que entienden que “no se pueden realizar distinciones” entre los empleados públicos de distintos ámbitos dentro de la región.

De igual modo, el Sepca asegura que se les ha negado el acceso a la mesa de seguimiento que se creó para negociar este acuerdo, y así se lo han manifestado al propio director general de la Función Pública del Archipiélago. “Si no se rectifica, nos reservamos el derecho de acudir a los tribunales, porque consideramos que no se pueden hacer excepciones entre los empleados públicos”, explicó al DIARIO el secretario de Organización de Sepca, José Ricardo Cómez.

El acuerdo suscrito entre la Administración educativa y los sindicatos permitirá ofertar estabilidad laboral, al margen de los procedimientos selectivos, a cerca de 800 interinos mayores de 55 años y con cinco años de servicio como mínimo.

Hasta ahora, y según el Decreto aprobado en 2010, la regulación de las listas se adecúa a lo estipulado en la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la selección de los citados funcionarios mediante procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dicho decreto ya suscitó una agria polémica y acabó en los tribunales, después de que Comisiones Obreras (CC.OO) lo denunciase por vulneración de la negociación colectiva.