VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La Audiencia Provincial ha ratificado el archivo del caso Codezal adoptado en 2010 por el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, al no ver prevaricación ni tráfico de influencias en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tegueste -con Vidal Suárez, de CC, como alcalde- por el que aprobó en 2003 un plan parcial promovido por el constructor Víctor Rodríguez para construir 44 chalés en un suelo que el Plan Insular del Territorio (PIOT) declara rústico de protección económica (por valores agrícolas).
En un auto dictado el pasado 28 de marzo, la Sección Sexta de este órgano judicial de la provincia desestima así un recurso presentado por la Fiscalía, a la que se adhirió el PSOE -de cuya denuncia partió este caso- y confirma que fue “correcta” la decisión de sobreseer las diligencias ante “la endeblez de las razones” para mantenerlas abiertas.
Frente a lo alegado por la Fiscalía, que vio “evidentes” ilegalidades en la aprobación de este plan por silencio administrativo al prohibirlo la Ley del Territorio y no respetarse el PIOT, la Audiencia asume el razonamiento del Juzgado al resultar “palpable la ausencia de elementos constitutivos” de prevaricación, “por cuanto se procedió a la aprobación de una resolución administrativa fundada jurídicamente”, con apoyo incluso de un “informe de un jurista externo de prestigio en estas materias”. En cuanto al silencio administrativo, el auto invoca que el propio Gobierno canario, en la Cotmac, necesitó “un informe jurídico específico”, lo cual, para la Sección Sexta, muestra que el asunto “suscitaba dudas incluso entre los que al parecer son especialistas en la materia”.
Reitera la Audiencia que la aprobación en el pleno municipal de esta urbanización “no se trata de una resolución ilegal en el sentido que exige el Código Penal”, al margen de “la realidad de claras irregularidades administrativas”. Es de esta forma como el auto del órgano judicial de la provincia recuerda que ese acuerdo plenario de 2003 -con el voto a favor de CC y en contra de la oposición- fue anulado en la vía contencioso-administrativa, a raíz de un recurso del Gobierno canario, dictado en noviembre de 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En 2007, en declaraciones a este diario, el entonces viceconsejero de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido, advirtió al Ayuntamiento de que “en ningún caso” se permitiría urbanizar El Codezal, que debía quedar en el Plan General como suelo rústico, en aplicación del PIOT”. El alcalde siguiente, José Manuel Molina (primero del CCN y luego de CC), así lo acató.