JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, respaldada por el propio Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Nacionalista en la Cámara autonómica, busca fórmulas legales para lograr lo que parece un imposible, que el III Plan de Salud del Archipiélago pueda aprobarse dentro de la actual legislatura. Ello, a pesar de contar con el rechazo expreso del Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC), y de no tener el consenso necesario ni el apoyo de los colegios y organizaciones profesionales del sector.

Dicho plan, además, nace con un año de retraso sobre el inicialmente previsto, lo que supone que Canarias lleve ya ocho sin plan de salud vigente, desde que en 2008 caducara el último. La falta de este documento, que según la Ley de Ordenación Sanitaria isleña “es el instrumento estratégico necesario para la planificación y la coordinación de los agentes públicos y privados de la sanidad”, convierte al Archipiélago en la única comunidad autónoma que no se rige mediante un plan de este tipo.

De hecho, sólo Castilla-León, cuyo plan caducó en 2012, y Asturias, que desde el año pasado no tiene una estrategia integral de salud, se encuentran en una situación similar a la de Canarias, aunque ambas regiones han impulsado distintas iniciativas sanitarias mientras aprueban un nuevo proyecto que actúe como marco de referencia.

En la orilla opuesta, comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia e incluso Ceuta y Melilla, aprobaron sus planes en 2014, y otras como La Rioja y Valencia lo han puesto en marcha este año.

Hace apenas dos semanas, la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, aseguraba que el III Plan de Salud 2015-2017 contaría con un presupuesto de 2.000 millones de euros, una cantidad que cuestionan desde la oposición y que ni siquiera pueden asegurar desde el departamento de Economía y Hacienda.
Mendoza subrayó que esta estrategia servirá para la planificación, coordinación y articulación de las actividades de promoción y protección de la salud, de prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria de todos los sujetos públicos y privados.

Ayer mismo, el Parlamento regional acogió la reunión de la ponencia del controvertido plan, donde volvió a quedar patente la falta de consenso político y de plazo legal para sacar adelante el proyecto antes de las elecciones.

Cuestionado por el Consejo Económico y Social

En las conclusiones de su dictamen sobre este III Plan de Salud, el Consejo Económico y Social (CES) de Canarias ya apuntaba que el proyecto pretendía “marcar la orientación de la política sanitaria para los próximos años” y que debía centrarse “en los actuales retos para la salud pública, que son la financiación y la organización de los servicios de salud”. El CES añadía, además, que el sistema de salud habría de enfrentarse “a un escenario de gran complejidad, básicamente por la limitación de recursos financieros y ante la exigencia de continuar prestando asistencia sanitaria con calidad y seguridad a todos los ciudadanos canarios, sin que las incertidumbres sobre el escenario económico resten accesibilidad al sistema mismo o deterioren niveles de eficiencia”.

Y en opinión del Consejo, es justamente en materia de financiación y sostenibilidad financiera del nuevo plan de salud donde se hallan “importantes carencias en cuanto a su concreción”.