El caso Rato se ha convertido en un verdadero drama para el Partido Popular. A un mes de las elecciones locales y autonómicas, la caída en picado -televisada en vivo y en directo- de uno de los grandes referentes históricos del PP puede haber asestado un durísimo golpe a esta formación política. Todo un ex vicepresidente del Gobierno paseado reiterada y públicamente de su domicilio al despacho profesional para asistir a registros en busca de papeles incriminatorios, detenido y puesto en libertad sin cargos al cabo de siete horas, sin ni siquiera prestar declaración ante la autoridad judicial, no puede dejar indiferente a nadie.
Rato está acusado por la Agencia Tributaria de haber cometido delito fiscal, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. Durante el pasado año, la Agencia había trasladado sus sospechas sobre distintas irregularidades del ex vicepresidente a la Fiscalía Anticorrupción. Ésta no adoptó medidas concretas, pero el asunto lo pasó a la Fiscalía de Madrid, que a su vez elevó al juez de guardia la petición de registro y detención del ex vicepresidente, pasando las actuaciones directas al Servicio de Vigilancia Aduanera en una especie de tuya-mía que no se entiende muy bien porque el caso debió circunscribirse al Sepblac o Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. De todos modos, Rato no ha sido llamado a declarar, ni ha recibido notificación de apertura de expediente de inspección fiscal, ni su caso tiene juez instructor, ya que acaba de pasar, contra el criterio del fiscal Anticorrupción, al juzgado de la Audiencia Nacional que tramita el asunto Bankia, en el que el ex vicepresidente tiene dos sumarios abiertos: por la salida a bolsa de este banco y por el uso de las llamadas tarjetas black.
Filtraciones y comunicación
Pero, ¿quién y con qué finalidad filtró todo lo que se iba a producir, por cierto con inaceptable sobreactuación policial, funcionarial y judicial? Los medios informativos habían sido advertidos; sabían lo que iba a pasar y estaban preparados para el espectáculo. En medio del escenario se encontraba Rato, un personaje relevante y de grandes cualidades profesionales, padre de la modernización económica española, ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía con Aznar, ex director del FMI y ex presidente de Bankia por decisión personalísima de Mariano Rajoy. Esa imagen suya rodeado de un espectacular despliegue de fuerza, con agentes de Aduanas por doquier e introducido en un coche policial como vulgar delincuente, es de las que no se olvidan. Poco importa la discreción, la presunción de inocencia o el derecho a un juicio justo; parece como si tan sólo se pretendiera la total destrucción de la imagen pública de Rato.
Se habla de conspiraciones, de ajuste de cuentas en el seno del PP, de filtraciones interesadas, de falta de sensibilidad entre Gobierno y partido, de descoordinación entre los ministerios de Hacienda y Economía… No tengo las claves de este asunto, pero me parece inverosímil la tesis de que alguien, desde dentro del partido o del Gobierno, filtre informaciones en plena antesala electoral, a sabiendas de que será irreparable el daño que va a provocar a un PP tocado y en franca decadencia. Por eso miran algunos -sin la menor prueba fiable, todo sea dicho- hacia un alto funcionario de Hacienda con acceso a información fiscal privilegiada que, casualidades de la vida, figura en las listas del PSOE al ayuntamiento de Madrid.
Sea como fuere, una vez más ha fallado la comunicación, en el Gobierno y en el PP. Ni uno ni otro han sido capaces de coger el toro del escándalo por los cuernos y fijar una estrategia medianamente razonable e inteligente para hacer frente a situaciones que nunca se deben escapar de las manos. Para empezar, no se puede enviar al Congreso al director de la Agencia Tributaria para tratar de ofrecer -en plena batalla de fuertes intereses políticos- explicaciones superficiales sobre cuestiones tan delicadas como el engaño a Hacienda, el lavado de dinero, el fraude o la amnistía fiscal que afectan a personas de relevancia pública o a representantes elegidos en las urnas.
Lo accesorio y lo fundamental
Predicando con el ejemplo de la transparencia y el derecho a conocer la verdad por parte de la ciudadanía, es el jefe del Gobierno el que, en un ejercicio de responsabilidad y coraje, debe dar la cara con todas las consecuencias. Y si no, que lo haga al menos el ministro Montoro, tan conocido por su implacable afán recaudador, cueste lo que cueste y pague quien pague, como por sus frases extemporáneas -recuérdese aquella de “¿Cuánto dinero hemos inyectado en Canarias…?” referida al incumplimiento de algunas ayudas legales previstas- y también por su ligereza verbal al utilizar indebidamente la información fiscal de que dispone y señalar en tono amenazante y faltón a distintos profesionales y colectivos críticos en materia de impuestos o con el Gobierno del PP.
En situaciones como la que afecta a Rato, no debería confundirse lo accesorio con lo fundamental, los fuegos de artificio con la propia realidad. Lo importante es saber si las instituciones han actuado con independencia, limpieza e imparcialidad en la denuncia y persecución de una conducta presuntamente irregular -puede que incluso delictiva, aunque este extremo deberá acreditarlo la autoridad judicial competente- del ex ministro. Ya estamos acostumbrados a que las instituciones más representativas sean utilizadas con fines espurios, unas veces como punta de lanza para justificar ataques y actuaciones extrañas y otras a modo de cortafuegos para parar las incidencias públicas de eventuales escándalos, así que conviene aclarar la verdad cuanto antes. En todo caso y se diga lo que se quiera, el responsable último de todo el procedimiento exhibido con Rodrigo Rato es el Gobierno, del que dependen los servicios de la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria y su correspondiente gestión política y jurídica.
La inicial actuación de los funcionarios de Hacienda ha sido, según todos los indicios, responsable, neutral, objetiva, reservada, basada en criterios legales y profesionales, a partir de la propia documentación entregada por Rato para acogerse a la amnistía fiscal y del cruce de datos que obran en poder de la Agencia Tributaria, empezando por la declaración de la renta. A partir de ahí, todo son sospechas, fugas de información, filtraciones… y política. Y es que, como decía un colega madrileño, las listas de Hacienda son un arma arrojadiza muy peligrosa con efectos políticos potencialmente devastadores. Eliminado Rato, la puerta se ha abierto para la publicación de nuevos nombres de la lista de 715 sospechosos de haber cometido algún delito de blanqueo de capitales que serían, dada la identidad de muchos de ellos, “la repera patatera”, en palabras del propio director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
Otros asuntos sucios
Por si fuera poco lo de Rato, cuya credibilidad política y moral ha quedado por los suelos, además de destrozar la campaña electoral de su antiguo partido, al PP le han salpicado esta semana sendos alborotos por parte del embajador en Londres y ex ministro, Federico Trillo, y del lenguaraz diputado Vicente Martínez-Pujalte, al descubrirse que ambos cobraron medio millón de euros de una firma constructora por informes verbales, de los que obviamente no queda constancia alguna. Aun aceptando que tales emolumentos sean legales, como dicen ambos políticos, éticamente resultan reprobables; tan reprobables como los nuevos datos que se filtran desde Andalucía a cuenta de los ERES y los cursos de formación. Aunque se haya ido Griñán, aunque Chaves anuncie que deja la política al final de la actual legislatura, aunque se desgañite Pedro Sánchez echando porquería sobre el PP y lo acuse por su amnistía fiscal de 2012 -cuando el PSOE ha aprobado tres mientras ha ocupado el Gobierno de la nación-, la sensación que queda entre los ciudadanos es que todo está corrompido. Que la impostura, la mentira, la doble vida y el interés económico están destrozando el sistema porque algunos políticos se aprovechan de sus puestos para enriquecerse y enriquecer a los amigos. PP y PSOE, que se acusan de graves pecados éticos y morales, no acaban de escarmentar ni de poner coto a la corrupción. Y no quieren darse cuenta de que la actuación de algunos de sus militantes está afectando gravemente al régimen del 78, además de acabar con un bipartidismo que se ha repartido los grandes aciertos de los últimos cuarenta años, pero también las mayores decepciones e ignominias.