A casi cuatro décadas del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, por esbirros de la dictadura chilena encabezada por Augusto Pinochet, a diferencia de Guatemala en el caso Ruiz del Árbol, solo se intentó silenciar a la familia del primero con dinero que, sin embargo, no pagan ni Estados Unidos ni el coautor de dicho crimen, el miembro de la CIA Michael Towney. Es que la DINA, la policía política de Pinochet, no solo la integraban chilenos sino también agentes de tal agencia estadounidense, abiertamente involucrada en el golpe de Estado que acabó con vida y Gobierno de Salvador Allende, impidiendo ambos países juzgar a Townley, quien vive en Estados Unidos como testigo protegido tras cumplir solo cinco años de cárcel por asesinar, en un atentado con bomba, al embajador chileno Orlando Letelier en la mismísima Washington.

Impunidad ahora ratificada por un juez estadounidense hasta en el pago de la indemnización. Decisiones solo justificables porque Townley integró el Plan Cóndor, creado por Washington para derrocar gobiernos no afines, y participó, como muchos miembros de la CIA, en detenciones ilegales, tortura, desaparición y asesinato de centenares de miles de latinoamericanos opuestos al represivo control continental estadounidense y sus cómplices regionales, como Pinochet y el argentino Jorge Videla, entre otros.

Chile cerró el caso Letelier aceptando la breve condena contra Townley, y no juzga e impide que sus esbirros de la DINA lo sean en España por el caso del masacrado embajador Soria amparándose en la Ley de Autoamnistia pinochetista, mientras Estados Unidos invoca la “amplia” colaboración de su ex espía para esclarecer otros crímenes. Así, unos con nombre y domicilio verdadero, y Townley con ambos datos falsos, gozan de una impunidad que descalifica a gobiernos y justicia chilenos y estadounidenses, y reivindica a las ¿subdesarrolladas? guatemaltecas.
gerardoctkc@gmail.com