VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El secretario general del PSOE de Tenerife, Manuel Fumero, aseguró ayer que ha remitido al comité federal de su partido el escrito de la Fiscalía en el que solicita la apertura de juicio oral contra él, para que decida si puede continuar como candidato a revalidar la alcaldía de Vilaflor y como número cuatro al Parlamento canario por Tenerife.
El Ministerio fiscal pide para Fumero 8 años y medio de inhabilitación para cargo público acusado de un delito de prevaricación y de otro de usurpación por ocupar un suelo rústico como vertedero municipal sin autorización de los propietarios, la Sociedad Agraria de Transformación San Miguel Arcángel.
El dirigente socialista admitió que “seguramente” pudo haberse “equivocado” en este asunto, pero añadió que no lo hizo “con mala idea” ni cree haber dañado el medio ambiente. Así lo manifestó al programa Despierta Tenerife, de Teide Radio, al tiempo que aclaró que su partido conocía desde el pasado año que estaba imputado “y en principio no tendría que haber ningún problema ni el PSOE puso objeción” a que fuera otra vez candidato.
Sin embargo, y como quiera que este escrito de la Fiscal pone a Fumero al borde de sentarse en el banquillo, respondió: “No me he enriquecido ilícitamente ni he hecho vejaciones ni maltratado a nadie”, pues alegó que se limitó a habilitar un punto limpio para resolver acabar con los vertidos de enseres en los barrancos, de modo que luego el Ayuntamiento los llevaba “a los puntos de reciclaje pertinentes. Pero el secretario general del PSOE lagunero y miembro de la ejecutiva federal, Javier Abreu, ha exigido públicamente la dimisión de Fumero, quien le replicó así: “Se equivoca, pero cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios; son tiempos de tensión por la elaboración de las listas electorales, pero aprovecharse de eso para pedir la cabeza de un compañero no es lo más adecuado”.
Además, Fumero reveló que ha hablado con la cabeza de lista a las autonómicas, Patricia Hernández, y que le ha dicho que esté “tranquilo” y ponga el escrito de la Fiscalía en conocimiento de la ejecutiva federal.
Sobre la acusación de la Fiscalía, explicó que inicialmente acordó con los dueños de la finca limpiarla de escombros a cambio de la cesión de 1.500 metros cuadrados como vertedero municipal, pero que luego “la nueva junta directiva” solicitó su devolución porque no le gustaba esa actividad. “Ese es el pecado por el que se me juzga”, aseveró, antes de remachar: “Tengo la conciencia tranquila, solo busqué una Vilaflor más limpia”.
Pero la Fiscalía le acusa de una “renuente y obstinada” actitud.
Los ecologistas denunciaron este vertedero ante la Fiscalía, al constatar que allí se gestionaban residuos de forma ilegal, incluidos contaminantes y peligrosos, y que algunos se quemaron; incluso se sospecha que las cenizas se enterraron en fincas agrícolas de la zona. Sin embargo, fuentes ecologistas advierten que el escrito de acusación de la Fiscalía no alude a tales hechos, por lo que creen que la imputación podría deberse a otra denuncia.