VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias aún no ha descartado presentar una denuncia penal sobre la tramitación administrativa de las prospecciones de Repsol en Canarias, para lo cual encargó un estudio del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

En diciembre pasado el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, anunció que estudiaría la interposición de denuncias penales contra autoridades y funcionarios del Estado responsables de una supuesta «arbitrariedad» en la autorización de los sondeos frente a Canarias, mientras se descartan en el Mediterráneo.

Ayer, el portavoz del Ejecutivo regional, Marín Marrero, preguntado al respecto, afirmó que “se está estudiando jurídicamente” y “a la luz” de los informes recabados se decidirá si actuar o no por la vía penal. No obstante, sí anunció que, mientras dure su mandato, el Gabinete que preside Rivero “continuará adelante con la vía judicial”, en los recursos contenciosos administrativos aún vivos, así como las iniciativas en la UE para que se proteja por sus valores ambientales la zona marítina donde se hicieron las prospecciones. “La estrategia de este Gobierno seguirá hasta el final, y el siguiente Gobierno de Canarias ya decidirá si cambia de línea”, apostilló

[sws_grey_box box_size=”620″]Acuerdos

-Consejo de Juventud. El Gobierno aprobó el reglamento que regula el Consejo de la Juventud de Canarias, órgano consultivo para políticas juveniles. También aprobó el reglamento por el que se regirá el Consejo de Políticas de Juventud, del que forman parte las administraciones públicas, las universidades y el Consejo de Juventud.

-Ayudas a ONG. El Ejecutivo canario acordó destinar 800.000 euros a Cáritas y a Cruz Roja para atención a la cobertura social básica de familias en situación de urgencia social.[/sws_grey_box]