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Juan Carlos Aguilar, el falso monje shaolín, reconoce que asesinó a Rebollo y Otuya

EUROPA PRESS | Bilbao

Juan Carlos Aguilar, el ‘falso monje Shaolín’, ha reconocido este viernes, en la primera sesión del juicio que se celebra contra él en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que golpeó y asesinó en 2013 a Yenny Rebollo y Ada Otuya de forma “súbita, imprevista e inesperada”, sin darles oportunidad de defenderse. No obstante, ha rechazado que hubiera “ensañamiento”, como aseguran la acusación popular, que ejerce Clara Campoamor, y el abogado de Otuya.

El procesado ha permanecido durante la vista oral con los ojos cerrados y las manos en actitud de meditación hasta que ha prestado declaración.

Las acusaciones, a excepción de la Fiscalía, han denunciado que el reconocimiento ahora de los crímenes es una “estrategia” y una “jugarreta judicial” para tratar de rebajar los años de condena y han destacado que no ha habido, en ningún momento, arrepentimiento o intención de indemnizar a las familias de las víctimas.

Esta última afirmación ha sido negada por el procesado, que ha asegurado que no pudo pagarlas porque sus bienes estaban embargados y ha indicado que le consta que ha habido negociaciones para llegar a un acuerdo, pero las otras partes han rechazado esta posibilidad.

Tras la elección del jurado popular -integrado por cinco hombres y cuatro mujeres- para juzgar el caso, las partes han expuesto sus calificaciones provisionales. La Fiscalía ha pedido un total de 40 años de prisión, 20 por cada uno de los asesinatos con alevosía; la acusación popular 45, al considerar que en el caso de Ada Otuya se produjo ensañamiento, al igual que el abogado de la familia de la joven nigeriana.

Durante la vista, se ha procedido a la lectura de un escrito presentado el pasado 17 de marzo por la abogada del acusado, Livia González Lama, en el que el procesado reconocía que cometió los dos asesinatos de manera “súbita, imprevista e inesperada”, sin darles oportunidad a las víctimas a defenderse. Además, pedía que procediera a la liquidación de sus bienes, que los tiene embargados, para poder indemnizar a las familias.

A preguntas del Fiscal, Shaolín ha admitido que el 25 de mayo, sobre las 3.20 de la madrugada, cuando circulaba con su coche, un Mitsubishi, por la calle General Concha de Bilbao, apareció Jenny Rebollo, colombiana de 40 años, a la que, según ha asegurado, no conocía “en absoluto”.

Como un hombre estaba molestándola, la víctima se subió a su vehículo y se dirigieron juntos al gimnasio ZEN 4 que él regentaba, ubicado en la calle Máximo Agirre. Una vez en el local, le ató las muñecas con cuerdas y bridas, y la agredió hasta matarla. Además, le propinó puñetazos y patadas. “Reconozco todos los hechos”, ha asegurado. En los días posteriores, descuartizó el cuerpo sin vida de Rebollo y guardó parte del cadáver, mientras que se “deshizo del resto”.

Sobre las seis de la mañana del 2 de junio, el fin de semana siguiente al crimen de Yenny Rebollo, el ‘falso monje Shaolín’ acudió a las inmediaciones del bar ‘Canei’, de la calle General Concha y contactó con Maureen Ada Otuya “para mantener relaciones sexuales”.

Pasado un tiempo, en el gimnasio, ella intentó escapar y huyó hacia la puerta del establecimiento, pero él la llevó de nuevo hacia el interior. En un habitáculo, la ató por las muñecas y el cuello, y la estranguló utilizando cuerdas y bridas. Con esta declaración, el procesado ha rechazado que hubiera ensañamiento con las víctimas.

El procesado no ha contestado a las preguntas de las acusaciones –al margen de las del fiscal, José María Morales–, que han denunciado que éste ha recurrido a “una jugarreta legal”, la de presentar hace un mes un escrito en el que admitía los crímenes, para buscar una rebaja de la condena y no cumplir la pena máxima establecida de 30 años cárcel.

Además, han asegurado que éste en ningún momento ha colaborado con la Justicia, no se ha arrepentido ni ha procedido al pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas.

[sws_grey_box box_size=”620″]CONFESIÓN

Por su parte, Livia González ha asegurado que su defendido ya confesó los asesinatos el mismo día en el que fue detenido por la Ertzaintza el 2 de junio de 2013 y no ha podido pagar a los familiares porque tenía embargados sus bienes.

Sobre ello le ha preguntado la abogada a Juan Carlos Aguilar, quien ha asegurado que su intención de abonar las indemnizaciones a las víctimas no es sólo “un deseo” expresado por escrito. “El hecho de que se haya hecho por escrito en este momento es por el momento procesal”, ha apuntado. Además, ha asegurado que le consta que “ha habido negociaciones con las otras partes y que no han querido aceptar” la propuesta. Asimismo, ha recordado que él “no tiene acceso” a sus cuentas.

El fiscal ha solicitado el pago de 286.000 euros de indemnización a las familias de las asesinadas, el abogado de los familiares de Otuya 252.000 euros y el de los de Rebollo 212.000.[/sws_grey_box]

“SUPERIORIDAD FÍSICA”

Jorge García Gasco, que representa a la familia de Yenny Rebollo, ha destacado que Juan Carlos Aguilar es profesor de artes marciales y se valió de su “superioridad física” para cometer el crimen. Además, ha recordado que ésta se encontraba en estado de embriaguez y maniatada. “No tuvo manera alguna de defenderse”, ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que el acusado “se hizo fotografías con el cadáver”, lo diseccionó y, después, desarrolló su actividad “con normalidad, sabiendo que tenía el cuerpo descuartizado y dividido entre el gimnasio y su casa”.

Por ello, ha afirmado que estas circunstancias “sumamente horribles y deleznables, no pueden suponer condenas sólo de 15 años”, sino que se tienen que imponer “necesariamente 20 años de prisión”. Además, ha asegurado que Aguilar “disfrutaba con lo que estaba haciendo”.

“Le gustaba”, ha apuntado, para recordar que “se hizo fotografías con el cuerpo” de Rebollo. “Utilizó a su exnovia, la sentó en una silla con una venda (en los ojos), cogió el cuerpo de Yenny, no sabemos si vivo o muerto, y se hizo fotos”, ha añadido.

Por su parte, José Miguel Fernández López de Uralde, en representación de la familia de la nigeriana de 29 años, Ada Otuya, ha recordado que la familia de la víctima no ha podido estar en la vista oral porque “es pobre y le faltan recursos económicos”.

Tras señalar que el ‘falso monje Shaolín’ no sólo no se ha arrepentido, ha recordado que ha puesto “zancadillas” a la investigación judicial y no ha reconocido “el secuestro” de Otuya, que, según ha apuntado, estuvo retenida en el gimnasio durante 12 horas, tiempo en el que fue golpeada “salvajemente” y atada por el cuello con “bridas y cuerdas” para asesinarla.

Además, ha afirmado que no la mató de una manera “rápida e indolora”, sino que “se ensañó con ella” con el fin “provocarle la muerte de manera dolorosa y angustiosa”. De hecho, ha destacado que, en un momento en el que la joven logró escaparse y llegar hasta la puerta, el agresor la volvió a “arrastrar” al interior del habitáculo en el que la tenía encerrada. Los gritos alertaron a una vecina que avisó a la Ertzaintza, que procedió a la detención de Aguilar.

Por su parte, Maite Iturrate, en nombre de Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, ha destacado “los delitos atroces” cometidos contra las víctimas por “el hecho exclusivo de ser mujer” con “el agravante de que se encontraban en situación de desamparo” económico y, en el caso de Yenny Rebollo, con “problemas añadidos como el del alcohol”.

A su juicio, Aguilar ha utilizado la situación de las asesinadas para “atacarlas con mayor facilidad” y someterlas a “atrocidades”. Además, ha defendido que se produjo ensañamiento porque les causó “más sufrimiento, golpeándolas de forma brutal y sucesiva”.