Aún no se ha producido la “revisión exhaustiva” de relaciones entre Caracas y Madrid anunciada la pasada semana por el presidente Maduro y, sin embargo, el Gobierno español sí ha dado un puñetazo en la mesa -en términos diplomáticos, se entiende-, con la llamada a consultas del embajador en Venezuela. Lo ha hecho en señal de protesta por las nuevas acusaciones del primer mandatario del país, quien para distraer al personal, ha soltado una perorata de vituperios y oprobios antiespañoles atribuyendo a Rajoy su “apoyo al terrorismo contra Venezuela” y el formar parte de una “conjura internacional” con ánimo de derrocarlo. Para ello, según el dictador venezolano, el Gobierno español estaría prestando apoyo financiero, logístico, político y diplomático. Quienes no estén al tanto de los delirios del líder de la Revolución Bolivariana deben saber que recibir en Madrid, como hizo Rajoy, a las esposas de los dirigentes políticos encarcelados sin juicio previo o solicitar su puesta en libertad es “apoyar el terrorismo” y “atentar contra la democracia”.

Curiosa reacción de quien se ha convertido en una pesadísima losa para el querido pueblo de Venezuela, que jamás en su historia pasó tantas penurias económicas, soportó tantas penalidades sociales, sufrió tantas injusticias políticas y contempló tan sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Y todo ello por culpa de un régimen dictatorial, prediluviano, incompetente, corrupto, endeudado hasta las cejas, que aplasta sin piedad a la oposición y que cada día que pasa está más aislado en el panorama internacional. La retirada temporal del embajador hasta tanto se reconduzca esta situación por parte del régimen chavista parece una medida moderada y prudente teniendo en cuenta la presencia en el país de una colonia española superior a las 500.000 personas, así como de destacadas empresas nacionales. En otro caso, lo aconsejable habría sido la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas. No es de recibo una agresión verbal de tan alto calibre -Rajoy ha sido tildado de “bandido”-, ni tampoco la declaración de Felipe González como persona non grata por parte de la Asamblea Nacional, ante el simple hecho de aceptar la defensa jurídica de los opositores encarcelados Leopoldo López y Antonio Ledezma.