VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
Nueva Canarias (NC) justificó ayer que lleve algunos candidatos imputados en sus listas porque su código ético contra la corrupción y los procesos judiciales son dos “planos” distintos, de modo que se analiza caso por caso y en función de la gravedad de los hechos. Así lo explicó el candidato de NC a la alcaldía lagunera y al Parlamento por Tenerife, Santiago Pérez, durante una rueda de prensa ofrecida con el aspirante a presidir el Gobierno regional, Román Rodríguez; y los respectivos cabezas de lista al Cabildo y a la capital tinerfeña, Raúl Díaz y José Manuel Corrales (de NC-Por Tenerife).
Pérez adujo que “deben ser apartado de la política quienes abusen de la confianza de los ciudadanos para cometer corrupción, usando el poder público para sobreponer sus intereses particulares a los políticos”.
Un filtro que han pasado ya varios candidatos aliados con NC entre los que destaca Ana Lupe Mora, que en septiembre será juzgada por el caso Varadero, acusada de prevaricación por aprobar una urbanización de casi mil viviendas en suelo rústico protegido en el Plan Insular de Ordenación. El PSOE la suspendió de militancia y le prohibió ser candidata, en aplicación del nuevo código ético, a raíz de lo cual Mora abandonó las filas socialistas y ha creado un partido en El Rosario, aliado ahora de NC. También están imputados algunos recién aliados con NC como Antonio Sosa (Arona) y Pablo Estévez (El Tanque), y además sobre Corrales hay unas diligencias judiciales abiertas.
El líder de NC, Román Rodríguez, desgranó los cuatro ejes de su programa: acabar con la políticas de austeridad para estimular el consumo y crear empleo, más transparencia y democracia (con la reforma del sistema electoral), un nuevo Estatuto de Autonomía con una financiación más justa de Canarias, y potenciar la sanidad, la educación y los servicios sociales. En este punto defendió una renta básica para 50.000 familias sin ingresos, iniciativa que tendría un coste de entre 320 y 340 millones. Rodríguez destacó que NC ha logrado formar un “frente amplio” de 14 fuerzas progresistas para cambiar el rumbo político de Canarias, y dio por seguro que si a CC y PP le “le salen las cifras, tienen ya un pacto cerrado”.
Por su parte, Santiago Pérez, acompañado de la número 3 en su plancha lagunera, July Pérez, psicóloga, se quejó de que CC y PSOE dejan el Ayuntamiento de Aguere con una deuda que requerirá pagar 13,7 millones cada año del próximo mandato, y denunció que Fernando Clavijo “intentó imponer un Plan General con obsesión urbanizadora y convertir La Laguna en un municipio de 338.000 habitantes”.
Para Santa Cruz, Corrales, junto a la número 3 de su lista, Tazirga González, prometió seguir ilusionando con un proyecto que sustituya a la refinería de Cepsa, aplicar un plan de rescate de los ciudadanos (sin desahucios, con renta básica y un pacto por el empleo y el desarrollo económico de la capital) y una auditoría de las cuentas públicas, tras los “chanchullos” de más de 30 años de gobierno de la CC “más populista”, como Las Teresitas, la vía del barranco de Santos o la venta de Emmasa y las inversiones no ejecutadas por la empresa adjudicataria.
Para el Cabildo, Daniel Díaz prometió un gobierno insular “al servicio de las personas y no de otro tipo de intereses”, un plan insular contra la pobreza (la isla tiene una tasa de paro del 29%, recordó), terminar y poner en funcionamiento los hospitales públicos del Norte y el Sur, un plan insular de infraestructuras que aproveche y mejore las ya existentes y un apoyo “en firme” para que se construya el puerto previsto en Puerto de la Cruz.