El Gobierno canario ha recibido dos nuevos varapalos judiciales. En su afán de luchar sistemáticamente contra los proyectos del Ejecutivo central, en vez de buscar puntos de encuentro allí donde se produce la discrepancia o el desacuerdo, Paulino Rivero y su Gabinete han preferido acudir a la vía jurídica a lo largo de la presente legislatura. Y, al menos en los grandes asuntos, la Justicia les ha caído encima, una y otra vez. Ahora es en dos temas relevantes: la privatización parcial de AENA y la Ley de la Vivienda; no obstante, ambas cuestiones quedan pendientes de resolución definitiva. En el primer caso, el Tribunal Supremo se limita a señalar que no procede la suspensión cautelar de la privatización del 49% del capital de AENA porque la misma se ha llevado a cabo en tiempo y forma, aunque una futura sentencia dirá si es posible que la gestión de los aeropuertos canarios pueda llevarla a cabo el Gobierno autonómico. En el segundo, se trata de la suspensión automática de la mentada Ley de la Vivienda por parte del Tribunal Constitucional una vez que el Ejecutivo central ha presentado recurso por entender que vulnera competencias exclusivas del Estado en materia de desahucios, expropiaciones, registro de viviendas deshabitadas y derechos de propiedad. En el caso de AENA el Gobierno canario tiene todas las de perder porque el Estatuto de Autonomía, en su artículo 33, apartado 13, señala que corresponde a la comunidad autónoma la competencia de ejecución en materia de puertos y aeropuertos de interés general “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. Pero ocurre que el Estado sigue gestionando directamenente los aeropuertos a través del ente público AENA; su privatización parcial lo único que hace es cambiar el modelo de gestión, no la gestión misma. Pero para este Gobierno no hay nada más atractivo que persistir en el error e incluso, como le apunta el Supremo, recurrir la privatización fuera del plazo legal en que podría haber sido paralizada cautelarmente (se le debió ir la idea porque estaba muy ocupado con la cuestión de las prospecciones petrolíferas). En materia de vivienda, las competencias recurridas -como ha ocurrido con las leyes de Andalucía y Navarra- son exclusivamente estatales. O sea, se trata de otro caso perdido.