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La precariedad va por pueblos

El coste económico de la crisis ha estado muy ligado a las políticas articuladas por las distintas administraciones. / M. P.
El coste económico de la crisis ha estado muy ligado a las políticas articuladas por las distintas administraciones. / M. P.

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

La precariedad no ha afectado a todos por igual: la clase social ha influido, pero también, y mucho, el lugar de residencia. Los municipios canarios que mejor han afrontado la crisis han sido Los Llanos de Aridane, San Bartolomé de Tirajana y Adeje, y los que la han soportado peor, en cambio, Arrecife, Arona y Puerto del Rosario. Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha elaborado el primer Atlas de la crisis, una extensa obra que analiza el efecto de las políticas de recortes llevadas a cabo en las 50 provincias españolas y en los 363 municipios urbanos con más 20.000 habitantes. Los expertos, que han estudiado 15 indicadores económicos, sociales, demográficos e inmobiliarios y han analizado su evolución entre 2006 y 2013, han llegado a la conclusión de que los costes de las políticas de austeridad han mostrado una distribución muy desigual, tanto entre los diferentes grupos sociales o las empresas como entre los territorios. Es decir, el precio de la escasez ha sido distinto entre localidades muy alejadas entre sí, pero también entre ciudades cercanas.

El demógrafo Ricardo Méndez, que ha coordinado la investigación que acaba de ser publicada por la editorial Tirant lo Blanch, explica que, en términos globales, el impacto de la crisis ha sido altísimo en territorios cuyo crecimiento se basó en un elevado endeudamiento, especialización en actividades de baja productividad y fuertemente cíclicas -como la construcción-, las industrias auxiliares o los servicios al consumo, empleo precario y un modelo urbanizador insostenible. Las dos provincias canarias, estrechamente vinculadas al turismo y la construcción, se sitúan en la media española. Sin embargo, cuando se observa el comportamiento a escala más pequeña se descubre que Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura cuentan con algunos de los municipios con el índice de vulnerabilidad más alto de toda España. La publicación de los demógrafos del CSIC supone una novedad en la bibliografía existente, tanto por la información que aporta como por la importancia concedida al mapa como herramienta para describir y entender mejor lo ocurrido.
Para Méndez, la burbuja inmobiliaria explica este mapa desigual de la precariedad que se da en las Islas, pero sobre todo la inexistente apuesta por la diversificación económica antes de que comenzaran las dificultades. La dependencia del ladrillo -vinculada muchas veces con la industria turística- ha sido determinante en el derrumbe social y económico de muchos municipios. Sin embargo, hay núcleos similares, como es el caso de Adeje y Arona, que se sitúan en extremos de la tabla, a pesar de haber articulado su crecimiento en torno a una economía similar, el turismo. Méndez no se atreve a argumentar que esa disparidad, en este caso, se deba a las políticas implementadas por cada administración, pero reconoce que en algunos puntos concretos de España esta ha sido la razón. Destaca la posición que ocupa Los Llanos de Aridane, que lidera el ranking de municipios canarios menos vulnerables porque, en su opinión, ha diversificado mejor, apoyándose en el sector agrario y no se ha abastecido del turismo en exclusiva, como otros municipios. Así y todo, Méndez resalta que el turismo no es la causa – “de hecho, es lo que sigue tirando de la economía”-, pero sí el auge del cemento como estrategia única de progreso. En cualquier caso, esta cartografía de la crisis demuestra la aparición de nuevos desequilibrios entre las regiones y las ciudades españolas, que en unos casos refuerzan los ya existentes, pero que en otros transforman la situación heredada.

Entre las diez provincias que incluyen municipios más vulnerables aparecen ocho mediterráneas, junto a Lérida -“por la intensa urbanización de los valles pirenaicos”-, Toledo – “en la periferia de Madrid”-, y el Archipiélago canario, “por su fuerte especialización turístico-residencial”. Los territorios menos vulnerables han sido, en cambio, “aquellos con una economía más diversificada, que mantuvieron una industria renovada y cierta capacidad exportadora, base para localizar servicios empresariales que favorecen la innovación: provincias del litoral atlántico y Navarra”. También se ubicaron en este grupo los que mostraron menor dinamismo en los años de crecimiento, lo que atenuó luego las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria: provincias interiores como Soria, Zamora, Badajoz, y Orense. “Ocho de las diez ciudades menos vulnerables ante la crisis fueron vascas, y tras ellas se situaron otras antiguas ciudades industriales y capitales administrativas de las regiones interiores”.

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Méndez detalla, además, que las dos mayores aglomeraciones metropolitanas han mostrado una evolución distinta. A escala provincial, Madrid ha tenido mejor comportamiento relativo que Barcelona. Sin embargo, si se toman en consideración solo las dos ciudades la situación se invierte. “Son territorios con fuertes contrastes internos, donde algunos núcleos que concentran los grupos sociolaborales de riesgo (jóvenes sin formación, inmigrantes, trabajadores con empleo precario, familias de bajos ingresos…) han padecido con intensidad los efectos de la crisis, mientras en aquellos otros donde residen los grupos sociales y profesionales con mayores recursos y cualificación han sido más moderados”.

La investigación, además de medir el número de desahucios, la reducción del número de empresas, el porcentaje de inmigrantes, la proporción de familias excluidas o la evolución del Producto Interior Bruto, también se ha encargado de verificar si se ha producido un incremento de la conflictividad social. Los datos han corroborado la percepción generalizada de que la gente ha salido más a la calle a reivindicar derechos que han sido usurpados (de 9.231 manifestaciones en 2006 en España se pasó a 43.170 en 2015). Este indicador solo se ha podido medir a nivel provincial, ya que el Ministerio del Interior no proporciona, “desgraciadamente”, un nivel de detalle mayor. Méndez ha comprobado que Canarias se sitúa en valores medios y que, igual que en la mayoría de regiones, el gran cambio no ha sido solo cuantitativo, sino cualitativo: las protestas han dejado de ser convocadas por partidos políticos; los movimientos ciudadanos han tomado el relevo.

En resumen, el mapa español “ha sufrido un vuelco en perjuicio de las provincias y ciudades situadas en su mitad oriental, con el litoral mediterráneo como epicentro de la crisis, frente al mejor comportamiento de las situadas en la mitad occidental, con el litoral atlántico como eje más resistente, y la posición intermedia de las regiones interiores”. Ha quedado en evidencia, por tanto, que la factura de la crisis incluye ya un nuevo impuesto, el residencial: los ciudadanos pagan más o menos en función de la clase política que gobierna.

Ingenio, un ejemplo en el Archipiélago

Si Ricardo Méndez tuviera que elegir un municipio canario que se ha caracterizado por “reformarse” y diversificar su economía nombraría a Ingenio. Su interés por este municipio grancanario no es nuevo. Antes de que empezaran a elaborar el Atlas de la crisis ya le había llamado la atención la “reinvención” que habían emprendido. “Antes de la crisis se multiplicaron las iniciativas y empezaron a generar actividades económicas distintas”. Esta apuesta no lo salvó de la crisis, pero sí provocó que Ingenio estuviera en mejores condiciones para soportarla cuando esta llegó. Ocurrió en más sitios. “Se ha demostrado que algunos municipios se prepararon mejor porque hicieron apuestas diversas”. La dependencia exclusiva de un sector como la construcción y la economía residencial hizo que algunas poblaciones se volvieran, inevitablemente, más vulnerables cuando en 2008 comenzaron los problemas. Un dato muy significativo para entender la importancia de este sector es que solo en Las Palmas de Gran Canaria el descenso de la actividad constructiva superó el 98% en el período analizado, pero fue inferior al 60% en Guipúzcoa, Soria o en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.