Lo que para muchos puede ser una rutinaria visita al centro de salud o al hospital, tiene, en muchos casos, un elevado coste económico que la ciudadanía suele desconocer, a pesar de que la sufraga a través de los impuestos. Son los denominados precios públicos de los servicios sanitarios, que en Canarias han aumentado un 1% para el ejercicio 2015, según publicó ayer la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS).
En la resolución aparecen detallados los precios de todas aquellas pruebas y servicios que se dispensan en la sanidad pública isleña, así como el coste de la asistencia sanitaria derivada de los accidentes de tráfico. En el documento, que se puede consultar en el Boletín Oficial de Canarias, se establece, por ejemplo, un precio de 223,29 euros por una urgencia. Algo más barata, en cambio, resulta la primera consulta (134,51), mientras que las consultas sucesivas salen por 80 euros cada una. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, los precios oscilan entre los 12 euros de una sesión de rehabilitación de terapia ocupacional, a los 27.000 que costaría el tratamiento ambulatorio de inmunoadsorción para insuficiencia cardíaca durante un año.
Estos precios, que varían mucho de unas comunidades autónomas a otras, fueron usados hace unos años como argumento político sobre la posibilidad de informar a los usuarios acerca del precio de la atención prestada, a través de las denominadas facturas en la sombra.
El propósito estaba claro: concienciar a los ciudadanos del gasto generado, para lograr con ello, y en la medida de lo posible, que hicieran un uso más racional de los servicios. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad en la recta final de la segunda legislatura de Zapatero, nunca llegó a Canarias, a pesar de que la Consejería regional, entonces gobernada por el PP, siempre fue partidaria de emitir estas controvertidas facturas.
De hecho, la entonces consejera Mercedes Roldós reconoció como “positiva” la iniciativa de dar a los usuarios estos recibos, en los que se informa del coste del servicio que habían recibido tras un acto sanitario.
La emisión de estas facturas, que también serían a coste cero para los pacientes -dado que el sistema es gratuito y universal-, pretendía con esa simulación del coste del servicio concienciar a los ciudadanos acerca del gasto sanitario y contribuir, junto a otras medidas anunciadas por el Gobierno del PSOE, a su contención en plena crisis económica.
En Canarias, la Consejería de Sanidad trabajó durante meses en cruzar dos sistemas, el programa TARO de gestión económica, implantado en 2009, y el Cantonera, de contabilidad de la actividad. Con el cambio de gobierno, sin embargo, el proyecto de las facturas en la sombra se paralizó, ya que se priorizaron otras cuestiones. Desde el PP reclamaron en numerosas ocasiones que se retomara el tema, argumentando la necesidad de concienciar a los ciudadanos del coste de la atención sanitaria. “A veces no somos conscientes de todo lo que cuesta la sanidad en este país, y que es dinero público el que utilizamos para pagarla”, subrayaron los populares.
[sws_grey_box box_size=”620″]Los trasplantes, no aptos para los ‘bolsillos’
-La orden de la Consejería que fija las cuantías de los precios públicos, contempla un millar de procedimientos en asistencia especializada con hospitalización, cada uno con su correspondiente importe. Así, por ejemplo, un trasplante hepático supone 33.000 euros, una mamografía alrededor de 128 y un bypass aortocoronario -una de las intervención cardíacas más comunes- más de 8.300 euros.
-En el listado de precios, resulta significativo el coste que puede llegar a tener un embarazo en la sanidad pública, lo que da una idea de lo caro que resulta para una familia que tenga que acudir a un centro privado. No en vano, una inseminación artificial de donante sale por más de 1.500 euros, de cónyuge, algo menos (1.162), y una fecundación in vitro, cerca de 2.500 euros. Mientras, una cesárea supone 1.222 euros, el mismo precio, paradójicamente, que un parto normal.[/sws_grey_box]