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La suspensión de la ley de vivienda da el portazo al censo de casas vacías

Inés Rojas, durante una intervención en el Parlamento. / SERGIO MÉNDEZ
Inés Rojas, durante una intervención en el Parlamento. / SERGIO MÉNDEZ

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional de la nueva Ley de Viviendas de Canarias, más conocida como Ley Antidesahucios, tras el recurso interpuesto por el Gobierno estatal, echa por tierra una de las medidas principales de esta normativa, es decir, el registro obligatorio de las casas desocupadas que implicaba sanciones para bancos e inmobiliarias .

Para ello, el Instituto Canario de la Vivienda había convocado en marzo un concurso público con el fin de adjudicar a una empresa la gestión de las medidas de fomento del alquiler de vivienda deshabitada, así como el apoyo en la implantación, desarrollo y gestión de este registro. El presupuesto global de licitación era de 2,4 millones de euros para dos años. El concurso ha quedado suspendido en la parte que se refiere a este censo de viviendas deshabitadas, según confirmó ayer la Consejería regional de Vivienda.

El Tribunal tiene cinco meses para ratificar o levantar la suspendió de esta ley, pero, incluso en el mejor de los casos, ya no será el actual Gobierno canario el que pueda llevar a cabo las medidas previstas para hacer aflorar las 130.000 viviendas vacías que se estima hay en el Archipiélago y propiciar que se alquilen en una comunidad donde hay más de 21.000 familias demandantes de vivienda.

El Gobierno de Rivero y el de Rajoy mantuvieron reuniones para intentar llegar a un acuerdo pero al final no lo hubo. Tres son los puntos principales en discordia. El primero, según subraya la Consejería, es la expropiación de la vivienda a bancos. para el Ejecutivo central se trata de una competencia exclusiva del Estado, mientras que desde Canarias se entiende que no se trata de una expropiación sino de evitar el mal uso por la entidad bancaria de la propiedad, durante tres años. “No se evita por tanto el desahucio sino el desalojo de las familias en emergencia social y con infancia a cargo”, subraya la Consejería, que recuerda que sus servicios jurídicos avalan que esta medida encaja en el reglamento de expropiación forzosa.
Otro punto de desacuerdo es la declaración de la función social de la vivienda en la ley canaria, asunto que el Ejecutivo de Rajoy cree competencia estatal, como materia del Código Civil. Pero el Gobierno regional apunta que la vivienda compete a la comunidad autónoma, y esgrime una sentencia favorable a la ley agrícola andaluza que define como bien social la propiedad y la utilidad de las fincas agrarias.

El tercer y último punto de fricción es que el Gobierno del Estado plantea porqué sí a la expropiación del uso de los viviendas de bancos y no de los particulares. El Gobierno canario defiende que las entidades financieras mantiene un parque de viviendas vacías producto de desahucios e impagos y no ocurre lo mismo con los particulares.

En todo caso, como ha señalado la consejera de Vivienda, Inés Rojas, el solo anuncio de la puesta en marcha de esta ley ha permitido al Gobierno regional acuerdos con bancos (Caixa y Bankia) para poner en alquiler social sus viviendas vacías.