DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Tres meses después de que la Comunidad Autónoma abriera las ventanas a la transparencia y el acceso a la información pública, tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), los primeros rayos de sol se asoman a los cajones de los despachos de la Administración. El Gobierno regional está recibiendo peticiones de datos al amparo de la normativa parcialmente en vigor desde el 10 de enero. Es más, ya se han creado las nueve unidades responsables del nivel superior del Ejecutivo: las de las consejerías.
Hace menos de dos semanas se celebró una reunión de coordinación bajo la supervisión de Teófilo González, director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud. Habrá una quincenal. “Ojalá respondamos a las expectativas generadas”, declara al DIARIO. “De todos depende lograr este objetivo”, apostilla González delante de un ejemplar de una edición limitada de la ley.
Ahora se está trabajando en dos direcciones: el desarrollo del artículo 10, el que hace referencia a las unidades, y en el registro de solicitudes de acceso (artículo 11). El apartado 3 de este último está “bastante avanzado”, apunta Teófilo González. Su organización y el funcionamiento “se ajustarán a las normas que se aprueben por el titular del departamento competente en materia de información pública”. Es decir, el reglamento.
Cada unidad administrativa dependerá de la secretaría general técnica u órgano equivalente de la consejería o del existente en los organismos autónomos y demás entidades vinculadas. Entre las funciones atribuidas, se encargará de velar por el cumplimiento de la obligación de publicación de la información; el seguimiento de las tramitaciones y de las reclamaciones que se interpongan; la orientación a las personas que lo requieran en el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia en la búsqueda de la información; la inscripción en el registro, y la elaboración de los informes sobre el grado de aplicación de la ley en su ámbito.
[sws_pullquote_right]La Consejería de Presidencia trabaja en la actualización del portal, activo antes del plazo[/sws_pullquote_right]
En el registro se hará constar la fecha, el nombre de la persona interesada, la información, el tiempo en el que se atendió y, en el supuesto de que la respuesta se realice fuera del plazo, las razones de la demora. También se reflejarán las causas de una eventual negación. Deberá emitirse un informe anual. Todo ello se canalizará a la Dirección General de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana para una vigilancia centralizada.
Aunque el portal (Gobcan. es/transparencia) se activó antes de la aprobación de la ley e incluso se adelantó en unos meses al nacional, el título II (del 13 al 34), el que se ocupa de la publicidad de la información, será efectivo a partir del 10 de julio. En esta fase se están chequeando los artículos al objeto de adaptar los criterios. Para echar a andar se han tomado prestados los indicadores de Transparencia Internacional. “El gran reto en estos momentos es mantener el portal vivo y en constante actualización”, comenta Teófilo González.
Con los límites derivados de la protección de datos de carácter personal o cuando la información albergue datos especialmente sensibles, los sujetos que define la ley en cuestión se ven obligadas a facilitar “la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Este mecanismo que nos hemos dado “solo será útil a la ciudadanía si se habilitan unos instrumentos prácticos y ágiles”, observa el alto cargo de la consejería a cargo de Francisco Hernández Spínola.
En los próximos cinco años, el guardián de la transparencia va a ser Daniel Cerdán. “Muy satisfecho” por el nombramiento del comisionado se muestra Teófilo González. “Me alegro, porque sé que está en buenas manos. No me cabe la menor duda de que colaboraremos intensamente”. Contará, asimismo, con el asesoramiento del Parlamento y de los recursos personales y materiales que sean necesarios.
Dicho y hecho.