EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a una familia canaria que acudió a los tribunales al negarse su compañía de seguros a hacerse cargo de los gastos derivados de una asistencia sanitaria por haber llamado al 1-1-2.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012, cuando una mujer de 71 años sufrió de manera inesperada una parada cardiorrespiratoria en su domicilio cuando estaba en compañía de su marido, de 81 años.

Los familiares que la atendieron llamaron al teléfono de emergencias 1-1-2 y el personal sanitario que acudió decidió su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias, donde falleció en marzo de 2013.

Según recoge el fallo, la mujer era clienta de una compañía de seguros, a quien correspondía asumir los costes asistenciales al tratarse de una emergencia vital; sin embargo, esta entidad se negó.

La compañía se basaba en que no se trataba de una urgencia vital (a pesar del resultado de muerte) y en que los familiares no debieron haber llamado al 1-1-2, sino al teléfono de emergencias de la propia compañía aseguradora.

En la sentencia, el TSJC señala que ante un supuesto de urgencia vital, “resulta impensable que se pueda reprochar a los familiares de la persona necesitada de asistencia médica que hayan acudido al servicio público de urgencias, no sólo porque el número para solicitar la asistencia (112) es de conocimiento general, y no necesita ser buscado en el cuadro médico de la entidad aseguradora, sino porque este servicio de urgencias es el único que tiene un despliegue adecuado para dar respuesta lo más rápida posible a una llamada de auxilio”.

Añade el tribunal que en una situación de alta tensión y de urgencia vital “no resulta exigible a los parientes de la beneficiaria que dispongan a mano del número de la compañía aseguradora para indagar cómo contactar con el servicio de urgencias”.