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Archivan la denuncia del CSIF contra las abogadas que denunciaron que tenían que quitarse el sujetador en Las Palmas II

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la denuncia del sindicato CSIF contra las abogadas que denunciaron que recibían un trato vejatorio al tener que quitarse el sujetador por supuestas razones de seguridad en la prisión Las Palmas II al considerar que atentaban contra el honor de los funcionarios.

Así lo informó Abogados por el Cambio en un comunicado en el que agregó que la sala consideró que la denuncia de la organización sindical al entender que les falta legitimidad para interponer esta denuncia.

Por su parte, las abogadas Rosa de León e Isabel Saavedra denunciaron el pasado diciembre junto a Victoria Rodríguez y Elisa Suárez, “la inoperancia colegial por no buscar solución que acabara con la situación”, que fue reconocida por el vicedecano de ese momento y corroborada por la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien aseguró públicamente que la situación no se volvería a producir, lo que en cualquier caso los funcionarios consideraron un atentado contra su honor, y no contra el de las abogadas, por lo que presentaron una demanda contra las letradas.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de la capital grancanaria considera que el sindicato CSIF no está legitimado para interponer denuncia alguna por atentado contra el honor de unos funcionarios que ni tan siquiera identifica, ya que se trata de un derecho “personalísimo”.

La abogada Rosa León explicó que la denuncia pública que realizó con sus compañeras permitió llamar la atención sobre la aplicación de la Instrucción de Instituciones Penitenciarias 3/2010, “que se ha evidenciado injustificada y discriminatoria”.

Aquí, señaló que se trata de algo compartido por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y la directora del Instituto Canario de la Igualdad, Elena Mañez, que en comunicaciones administrativas han recomendado la modificación del artículo 3.1.1 de dicha instrucción para que los letrados y letradas sean incluidas en el colectivo de profesionales que en el ejercicio de sus funciones están excluidos de pasar el control, en igual dad de condiciones que magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal.

Precisamente, era en estos controles en los que, “con una interpretación estricta e injustificada”, se les obligaba a quitarse el sujetador para comprobar que era el aro lo que pitaba y no algún otro objeto metálico, “para lo que en cualquier caso hubiera bastado con pasar la raqueta detectora, como pasa en los aeropuertos”.