D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife
El reloj de Ramón Trujillo marca el tiempo de la izquierda. El coordinador regional de IU lidera la candidatura al Parlamento de Canarias Decide (junto a Los Verdes, Alternativa Republicana y Unidad del Pueblo) con el doble reto de vencer las encuestas y derribar el muro del sistema electoral. Armado de valores, el profesor Trujillo no admite lecciones de los indecentes docentes del mercado que hacen novillos en la asignatura de justicia social y redistribución de la riqueza.
Ante esta “oportunidad histórica”, Canarias Decide se arremanga para trabajar en la “profundización democrática” de las instituciones. “Esto solo será posible si cambiamos las formas de hacer política y apostando claramente por la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público”, expone en el programa marco autonómico. En el horizonte, IU y compañía vislumbran “una sociedad con carácter solidario, donde la vida de las personas sea digna, libre e igualitaria”. Desde esa perspectiva, se comprometen a “la búsqueda de una continuidad y de una unidad en la acción, más allá de la coyuntura electoral, en el marco de una participación abierta con la ciudadanía, organizaciones políticas y colectivos”.
El motor de Canarias Decide pivota sobre cuatro ejes: democracia, economía, cohesión social y sostenibilidad. Estos “puntos cardinales” guiarán la transición de un modelo “caduco” al que desean para el Archipiélago.
“Trabajaremos con las herramientas de la izquierda y la ecología política”, recalcan convencidos de que “otro mundo es posible” con mayor participación y democracia. Como manifestación de ese pensamiento, Canarias Decide promueve una reforma del procedimiento de las iniciativas legislativas populares, con una reducción del número de firmas exigidas, de modo que “se usen para crear, reformar o derogar normas en cualquier órgano de competencia normativa”; el establecimiento de un mecanismo de consultas populares o referéndum para asuntos de trascendencia autonómica o municipal; fomentar la participación en la gestión de los bienes y servicios públicos; unos presupuestos participativos; revocación de los cargos públicos o moción de censura ciudadana del presidente de la Comunidad Autónoma o alcaldes. En opinión de Canarias Decide, la vertebración territorial es irrealizable sin una modificación de la ley electoral a fin de que la relación votos-escaños sea equilibrada y proporcional conforme a los votos y el tamaño de la isla. Eso conllevaría la desaparición de los límites porcentuales impuestos para acceder al Parlamento, que actualmente están en el 30% insular o el 6% regional. No obstante, la reforma estatutaria lo deja en la mitad.
Para Canarias Decide es irrenunciable la “defensa del derecho a decidir sobre un marco político que rija la convivencia y la organización social, económica, administrativa y las relaciones internacionales en la consecución de una sociedad más justa y anticapitalista”.
La alianza de izquierdas reclamará, asimismo, un Estatuto de neutralidad y la declaración de las Islas como plataforma de paz. En este escenario, preconiza la “reconversión del sector armamentístico e infraestructuras militares hacia sectores que generen “riqueza social y ecológica”, así como la desaparición de “cualquier ejército”.
En el plano económico, la candidatura rojiverde reivindica el rescate del sector público y la sustitución de un REF que, a su entender, “ha enriquecido a la oligarquía dominante a costa de empobrecer a la población”.