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La carrera de fondos ciudadanos de UPyD para sufragar la meta

Gustavo González, Beatriz Pérez, Miguel del Pino y José Manuel Marrero, en la sede de UPyD. / DA
Gustavo González, Beatriz Pérez, Miguel del Pino y José Manuel Marrero, en la sede de UPyD. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La caravana electoral de Unión Progreso y Democracia (UPyD) transcurre a pie de calle. Es así por filosofía y también por matemática. El partido que Rosa Díez contribuyó a fundar en 2007 ha diseñado una campaña basada en el “contacto directo con la gente para escuchar sus problemas y darles solución”. Pero es que, además, la escasez de recursos agudiza el ingenio. A los candidatos de UPyD no les queda otra que apretarse el cinturón y tirar del carro cuesta arriba.

En las dos primeras semanas de captación de donaciones de particulares, UPyD recaudó lo suficiente como para sufragar el presupuesto fijado para las locales y autonómicas en toda España: 100.000 euros. Comparada con la convocatoria de 2011, la cantidad destinada a Canarias es irrisoria.

Para conocer cómo afronta UPyD estos días previos a la cita con las urnas, el DIARIO convocó a varios de sus activistas en la sede de La Laguna. En un local adornado con globos de color magenta y abarrotado de propaganda electoral, se congregaron el candidato a la presidencia del Gobierno regional, Gustavo González, y al Cabildo de Tenerife, José Manuel Marrero. El pretendiente a la alcaldía de Santa Cruz, Miguel Ángel González, delegó en su número dos, Beatriz Pérez, y en nombre de su equivalente en La Laguna se encontraba Miguel del Pino.

El ideario de UPyD se resume en la concepción de unas administraciones públicas transparentes, eficientes, eficaces y volcadas en las necesidades de la ciudadanía. “Parece una obviedad”, reconoce Gustavo González, “pero lo cierto es que se ha dilapidado dinero para sostener una red clientelar”. Se proponen eliminar duplicidades, suprimir organismos “inútiles”, agilizar los trámites burocráticos, reducir el número de cargos y acotar el personal de libre designación. Todo ello, orientado a una mejor gestión de las políticas sociales.