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Condenan en La Palma a un técnico dental por intrusismo

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de lo Penal Número 7 de Santa Cruz de La Palma condenó en días pasados a una pena de seis meses de multa, con cuota diaria de 2 euros, a un técnico dental al que considera autor de un delito de intrusismo tipificado en el artículo 403 del Código Penal, en sentencia que obra en poder de nuestro periódico.

La referida sentencia, que si bien tiene fecha del pasado mes de febrero se hizo pública en días pasados, relata en su apartado de hechos probados que el ahora condenado, un varón identificado por las iniciales J. C. S. R., “pese a ser técnico superior en prótesis dental (…) realizó en agosto de 2012 las funciones propias de un odontólogo y así atendió como paciente a (…), le examinó la boca, le prescribió una prótesis dental, le hizo un presupuesto, le tomó las medidas, le probó la prótesis y se la colocó, emitiéndole una factura por 230 euros”, en hechos que tuvieron lugar en la capital palmera.

Para la Fiscalía, los acontecimientos anteriormente relatados son constitutivos del tipo penal anteriormente descrito y se solicitó una pena de 9 meses de multa, que la acusación particular elevó a 12, con la salvedad de que el Ministerio Público exigía 10 euros por día mientras que el letrado que representaba los intereses del perjudicado pedía hasta 100 euros por día.

Sin embargo, antes de la celebración del juicio se logró la conformidad entre las partes, factible en este caso dado que la calificación de los hechos acordada se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, la pena corresponde a dicha calificación y el tribunal no tiene dudas de que el acusado ha prestado tal conformidad en pleno ejercicio de sus derechos y libertades.

Esta decisión judicial es de interés tanto desde la perspectiva jurídica como sanitaria. Sobre lo primero es que la conformidad es una apuesta decidida de los responsables de la administración de Justicia para optimizar recursos, mientras que desde lo segundo se trata de un triunfo para los responsables de la salud pública en general y de los odontólogos en particular, ante el riesgo que supone el intrusismo en un sector como el de la sanidad.