DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, aseguró ayer que “el peor engaño de CC durante los últimos 10 años ha sido condenar a miles de familias de nuestros barrios a vivir en condiciones penosas, cuando han podido invertirse hasta 30 millones de euros para arreglar sus casas”. “Este domingo yo quiero que terminen estas mentiras y asumir, si los vecinos me dan su confianza, la rehabilitación y renovación de 1.406 casas en 12 de nuestros barrios, lo que va a generar más de mil empleos en toda Santa Cruz”, manifestó Tavío, quien ayer se reunió con vecinos de los Barrios de La Salud y La Candelaria, que llevan casi una década esperando que se arreglen sus viviendas, junto al director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, Juan Van-Halen.
El director general visitó con Tavío el barrio de Nuestra Señora de la Candelaria, donde existe un acuerdo con el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz para la renovación de 115 viviendas con la aportación del Ministerio de más de 3,59 millones de euros, y la Fase I del barrio de La Salud, que cuenta con un acuerdo similar para la rehabilitación de 222 viviendas por 840.821 euros.
Estos convenios forman parte de los Planes de Vivienda 2005-2008 y 2009-2012 entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma, que preveían la inversión de más de 30 millones de euros en 12 barrios de Santa Cruz de Tenerife para rehabilitar miles de casas en mal estado, con fondos aportados por el Gobierno central, el regional, el Cabildo y el Ayuntamiento.
Van-Halen confirmó que en estos años se firmaron hasta 34 convenios con Canarias: “El Estado pasó los fondos al Gobierno de Canarias, y en el caso de La Candelaria se anticipó más de un millón de euros, ahora se han puesto 600.000 euros extras y no es que no haya justificación, es que todo el mundo puede ver que las obras ni han comenzado”.
Desde el Grupo Municipal de CC se criticó duramente esta visita, calificándola de “falta de respeto” al haber sido el Estado, afirman, el que paralizó los convenios de vivienda.