No había que ser ni genio ni adivino para inferir que la huelga de futbolistas profesionales convocada para este fin de semana y el siguiente para tratar de paralizar el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, Segunda A y B, Tercera y Liga Nacional Juvenil iba a pasar, de entrada, al congelador de las medidas cautelares, tal y como pedían los clubes de fútbol. ¿La razón? Sus gravísimos e irreparables efectos en el desarrollo de las competiciones y la aparente ilegalidad del conflicto, planteado sobre una cuestión acerca de la cual el sindicato AFE, que agrupa a los profesionales del balompié, no tiene ninguna competencia reconocida. Por lo que anticipa el auto de suspensión de la huelga dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, cuando en junio o julio llegue la sentencia firme sobre el caso se ratificará el despropósito que -como si se hubieran puesto de acuerdo- pretendían imponer con su fraudulento golpe de mano el sindicato de futbolistas AFE, convocante del paro, y la propia patronal, es decir, la Real Federación Española de Fútbol, cómplice oculto de la huelga, desde hace años en abierto enfrentamiento con los clubes a los que debería defender y que rápidamente suspendió todas las competiciones. Con el consenso de los propios clubes a través de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) que los agrupa y representa, el Gobierno aprobó un decreto-ley, luego convalidado por el Congreso, sobre comercialización de los derechos de explotación audiovisuales de las competiciones del fútbol profesional que a la postre beneficia a todos. Escudándose en que no fue consultada, la AFE convocó la huelga en apoyo de distintas reivindicaciones planteadas por los futbolistas, las cuales rechaza de plano la autoridad judicial, al considerar que esos asuntos deben plantearse y debatirse en otro ámbito: el del convenio colectivo suscrito con los clubes. Se da la curiosa paradoja de que muchos futbolistas se pronunciaron contra el paro y que ni un solo club lo apoyó. En estas condiciones, el papel de la Federación queda ubicado en la cuerda floja de lo injusto e inadmisible, no digamos el de su presidente, Villar, que lleva 25 años en el cargo con comportamientos atípicos y bajo sospecha, amparado en sus influencias ante la FIFA y la UEFA.