J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Alrededor de un millar de personas, la mayor parte de ellas profesionales y usuarios de la sanidad pública, se manifestaron ayer tarde por las calles de la capital tinerfeña para expresar su “rechazo unánime” a las políticas sanitarias. La marcha, que se celebró de manera simultánea en todas las islas, estuvo muy lejos de ser lo multitudinaria que se pretendía, aunque al menos reunió por primera vez desde 2012 a todos los sindicatos.

Con esta protesta, que culmina una serie de movilizaciones y actos reivindicativos en los hospitales y centros de salud del Archipiélago, los convocantes pretendían remover las conciencias de las formaciones políticas y candidatos, para que los nuevos gobiernos que salgan después de las elecciones “sean capaces de voltear” una situación que las organizaciones definen como “caótica”. “El duro escenario al que se enfrentan a diario los usuarios del sistema público en Canarias, con el continuado y mantenido colapso de las Urgencias; la falta de recursos humanos y materiales en los centros sanitarios; las interminables listas de espera, potenciando la cronificación en los procesos de enfermedad; la falta de camas hospitalarias, además de la falta de centros sociosanitarios que den solución a los problemas de nuestros mayores, son algunos de los problemas que sitúan hoy a nuestra población como la más enferma y a nuestra sanidad a la cola del Estado”, subrayaron los sindicatos en un manifiesto conjunto que se leyó ante la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz, donde terminó la denominada marcha blanca.

En dicho documento dejaron claro, además, que “ya nadie lo discute, los pacientes mueren en las listas de espera, en los pasillos de las Urgencias de los hospitales, que están saturados y colapsados”. “Las renovaciones, ampliaciones o inicios de las infraestructuras sanitarias se suspenden o se retrasan sine die; o como ocurre en Tenerife tras 27 años de espera, los hospitales comarcales continúan sin iniciar sus prestaciones y los barracones han sustituido en varias islas a las instalaciones asistenciales”.

“Ciudadanos y profesionales somos testigos del deterioro progresivo al que se ha sometido a la sanidad pública, favoreciendo la privatización y la externalización, lo que indudablemente tiene un nuevo coste sobre el propio sistema y los usuarios, y así avanzar en la demolición de una sanidad pública, gratuita y universal”, concluye el manifiesto.